Anuncios grandilocuentes suspendidos, un debate en comisión que se dilata, dictámenes y semáforos opositores que circulan para marcarle la cancha al gobierno y una incógnita que, a medida que pasa el tiempo, se instala con mayor insistencia en el Congreso: ¿quiere el gobierno libertario aprobar el Presupuesto 2025? En la conducción de La Libertad Avanza se apresuran en hacerse los desentendidos: “Si lo aprobamos mejor, pero si no tampoco es grave. Pierden más los gobernadores”, insisten sus operadores. El oficialismo pretende instalar que la responsabilidad de que haya o no Presupuesto para 2025 depende de la oposición. El mismo juego de la gallina que aplicaron con la Ley Bases y que, ahora, la oposición teme que se repita. Por eso ya algunos sectores – como el pichettismo de Encuentro Federal – trabajan en sus propios dictámenes para el Presupuesto: un reaseguro por si la negociación falla.
Entre los aliados de la ex oposición dialoguista – que incluye al variopinto cosmos de Encuentro Federal, así como a los radicales más díscolos que rompieron con el bloque que preside Rodrigo de Loredo -, se repite un chiste: “Vamos a tener que emplazar para que se trate el Presupuesto”. La ironía refiere, en parte, a una dinámica legislativa en la que ya se hizo costumbre para la oposición tener que emplazar un tema para poder romper con la resistencia oficialista. Pero también a la parsimonia que demuestra LLA para conseguir los votos que le faltan para aprobar el Presupuesto.
El PRO negocia plata para la Ciudad de Buenos Aires y las provincias que preside el macrismo. Los gobernadores peronistas no K negocian obra pública y transferencias a las provincias, aunque sin grandes garantías aún del otro lado. “¿Qué les dimos las gobernadores hasta ahora? Nada, durante meses. Y ahora que llegamos al debate por Presupuesto con mil mangos por una obra resolvemos”, se jactan en la bancada libertaria, en donde insisten que los gobernadores necesitan más que Javier Milei que haya Presupuesto 2025. La alternativa es prorrogar el de 2023 – nunca se prorrogó dos años seguidos un mismo Presupuesto – con partidas licuadas por la inflación.
La postura de duro para negociar, sin embargo, es rápidamente puesta patas para arriba por varios aliados que insisten que el gobierno necesita mostrarle algún triunfo político a los mercados y al FMI. “Blindar vetos no alcanza, el gobierno necesita mostrar que puede juntar mayorías en el Congreso”, sostiene un aliado opositor. Eso significa que el gobierno necesita el voto radical y el voto de Encuentro Federal para aprobar su Presupuesto. Y, sin embargo, hasta ahora, el oficialismo no ha dado muestras de dar el brazo a torcer con los dos principales reclamos: aumento a los jubilados y aumento del presupuesto universitario.
El miércoles, el gobierno amagó con anunciar que se podría utilizar los fondos destinados a la organización de las PASO y a las provincias para financiar un incremento del presupuesto universitario. Más una provocación que una verdadera propuesta, pero que terminó siendo suspendida a último momento por la explosión de la renuncia de Diana Mondino y el malestar del PRO, que le cuestionó a Martín Menem no haberlo conversado previamente con ellos, sus más importantes aliados.
El dictamen de Pichetto
Encuentro Federal, comandado por Miguel Ángel Pichetto, viene trabajando en armar una “tercera posición” junto a radicales díscolos, PRO larretistas y algunos gobernadores. Se consideran opositores al gobierno de Javier Mieli pero necesitan diferenciarse de Unión por la Patria, por lo que se sientan a negociar con LLA aunque por lo general no llegan nunca a un acuerdo. El caso de la privatización de Aerolíneas Argentinas fue un ejemplo – en donde firmaron su dictamen de minoría para que el oficialismo pudiera dictaminar, pero se niegan a darle sus votos al proyecto de privatización total del gobierno -, y el de Presupuesto es otro.
Con Nicolás Massot a la cabeza, EF decidió presentar su propuesta dictamen. No es un semáforo – como el radicalismo deloredeísta, más alineado con el gobierno – ni un pliego de demandas de obras – como los gobernadores -, sino una propuesta detallada sobre de dónde ir a sacar la plata para recomponer los haberes jubilatorios, incrementar el presupuesto universitario y mejorar la actualización de las asignaciones familiares. La propuesta no solo pretende responder a la demanda de déficit cero del gobierno, ofreciéndole herramientas para el financiamiento, sino que además pretende reducir la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el caso de que incremente la recaudación.
En primer lugar, el dictamen de EF propone una recomposición del 8,1 por ciento de las jubilaciones, la inclusión del bono de 70 mil pesos al haber jubilatorio y la automatización de las transferencias de Nación a las cajas jubilatorias provinciales adeudadas hace meses. Sugiere, para costearlo, la eliminación de la exención del IVA para los directores de empresas y para la construcción, la nacionalización de los recursos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina y, a su vez, la resignación de fondos de dos áreas sensibles para el tridente de poder libertario: la SIDE, en donde Santiago Caputo ejerce su influencia, y la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Ambos sectores percibieron incrementos astronómicos, muy por encima del resto de las áreas, y EF propone reducirlos para solventar el incremento a las jubilaciones.
En segundo lugar, el dictamen propone incrementar en un 17 por ciento las partidas paras las universidades para garantizar los gastos de funcionamiento y la recomposición de los sueldos docentes: este aumento, si bien está por debajo de los reclamado por los rectores, fue acordado con el CIN. El bloque – entre los que están también Emilio Monzó, Oscar Agost Carreño y Margarita Stolbizer – propone financiar el incremento con los beneficios impositivos que gozan Mercado Libre, a cargo de Marcos Galperin, y Globant. Es decir: restringir el cupo fiscal de los subsidios de la Ley de Economía del Conocimiento a solo Pymes y MyPymes. Solo con este mecanismo, en EF calculan que se ahorrarán 148 mil millones de pesos.
El dictamen también propone, por ejemplo, establecer prioridades en el caso de que se incrementa la recaudación – como bajar las retenciones -, así como que sea el Congreso el que establezca “el orden de prelación de gastos” en el caso de que la recaudación disminuya.
En definitiva, con este dictamen, EF pretende tener un as bajo la manga en el caso de que el gobierno termine decidiendo no llevar al Presupuesto al recinto: si no lo hace el gobierno, lo harán ellos.
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