El juicio por la usurpación contra cinco integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu, quienes están en el banquillo por segunda vez acusados de haber tomado las tierras que habitan en Villa Mascardi, entró en una etapa de inminentes definiciones. Ya tuvieron lugar los alegatos del fiscal Rafael Vehils Ruiz, que pidió la pena de cuatro años de prisión efectiva, y de las querellas de Parques Nacionales y del predio La Escondida, en tanto este viernes será el turno de la defensa que encabeza la Gremial de Abogados y Abogadas, con la abogada Laura Taffetani. “La Fiscalía no mostró nada, no invocó ninguna prueba de circunstancias de fechas, tiempos y lugares para identificar a cada uno de nuestros defendidos, además de que estuvo cargada de prejuicios”, dijo la defensa a Página12. “Los atacaremos con todo lo que tenemos, nuestras pruebas del debate son sólidas y contundentes, nuestros testigos son creíbles”, agregó sobre su propio alegato.
A pocos meses de haber sido condenados por el delito de usurpación, la machi (sanadora) Betiana Colhuan Nahuel, Romina Rosas, Matías Santana, Jessica Bonefoi y Celeste Güenumil están siendo enjuiciados desde febrero por la justicia federal en un proceso que nació por la acumulación de otras causas conexas por usurpaciones que se unificaron en un único expediente en el año 2022, cuando se produjo el violento desalojo de los predios de Parques Nacionales por parte del Comando Unificado. El juicio es llevado adelante por un tribunal unipersonal constituido en Fiske Menuco (General Roca) a cargo del juez Alejandro Silva.
El fiscal Vehils Ruiz solicitó la pena de cuatro años de prisión efectiva para cinco de los acusados, y dos años en suspenso para una de las mujeres, y sumó la solicitud de restituir los predios de Parques Nacionales. Esto implicaría la destrucción del rewe (sitio espiritual) que estableció la ex jueza Silvina Domínguez tras el desalojo de 2022. Vehils Ruiz consideró que los seis imputados son responsables del delito de usurpación por despojo en calidad de coautores y por distintos hechos. Así pidió cuatro años para Colhuan Nahuel, Jaramillo, Rosas, Bonnefoi y Santana. Los cinco están imputados de haber participado de más de un hecho y en su totalidad del despojo de un ex hotel de Parques Nacionales. En tanto, para Güenumil la pena pedida fue de dos años de prisión en suspenso porque se la acusó de un único hecho de usurpación de los tres que se investigan en esta megacausa.
La querella de Parques basó su alegato en “la afectación al patrimonio nacional, la violencia, el tiempo por el cual se prolongó el despojo, los efectos que dejó en la zona, el expreso desconocimiento que formulan del Estado nacional y el absoluto menosprecio que han hecho del derecho ambiental sobre estas tierras”. El 26 de mayo podrían darse las réplicas y dúplicas donde las partes intercambian y responden argumentos, y luego será pronunciado el veredicto. El juez Silva tiene luego 10 días para fundamentarlo.
Por su parte, al valorar la pena el fiscal Vehils Ruiz dijo tener en cuenta “el daño que se ha producido a Parques Nacionales, a los particulares y a la sociedad de Villa Mascardi en general”. Además, remarcó que con la presencia de la comunidad mapuche en el lugar “cambiaron las costumbres de la población y de los trabajadores de Parques, se instaló el miedo y el temor”.
Racismo y negacionismo
“Decir que son pobres, carentes de pruebas, y sin argumentos sería demasiado, pero si seguimos la experiencia vivida en juicios anteriores poco importa cuando se trata de juzgar a los mapuche”, opinaron los abogados de la Gremial. “Jamás se pudo determinar que fulano o mengana hicieron tal y cuál cosa, tal día a tal hora y está probado de esta o aquella forma, cuestión que –pequeño detalle– exige el Código Penal, la vergüenza es que hablaron generalidades, cargados de desprecio, racismo y negacionismo”, agregaron.
Para el grupo que integra la abogada defensora Taffetani, “escuchar a la Fiscalía y los abogados de Parques Nacionales y de los vecinos racistas da una clara idea de la naturaleza del enemigo que enfrentamos, un enemigo, los jueces, tribunales y fiscales que son el principal sustento de los proyectos de explotación, miseria, saqueo y represión en la Argentina y en Nuestra América”. Es de su entendimiento que “en el desarrollo de este juicio quedó más que evidente la aplicación de lo que llamamos ‘derecho penal del enemigo'”.
La Gremial no escatimó críticas a la querella de Parques Nacionales, que fue “más pobre y huérfana aún que la propia fiscalía porque no aportó en su alegato un solo elemento concreto que pudiera siquiera sospechar de la responsabilidad de nuestros defendidos en los hechos”. Una particularidad consistió en que “le pegó más a los funcionarios anteriores del propio Gobierno que ellos mismos integraron que a nosotros”. Y pidió condenar a todas las mujeres a dos años y 8 meses de prisión y a Santana a tres años. Además, plantearon que aunque la Machi Betiana era menor de edad al momento de los hechos hay que condenarla igual.
Sobre la querella particular, la defensa de los integrantes de la comunidad mapuche de Villa Mascardi, donde el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado Rafael Nahuel por el grupo Albatros de la Prefectura, dijo que “se autoperciben vecinos, pero son en realidad racistas que viven en San Isidro, como se vino demostrando en el juicio, en ningún momento pudo explicar o determinar conductas concretas, solo fueron generalidades y chantadas”.
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