Con ataques y descalificaciones como principal estrategia, el Gobierno Nacional se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para responder sobre los retrocesos implementados en materia de derechos para las personas refugiadas. Tanto el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, como la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia de la Nación, María Florencia Zicavo, no pudieron justificar el DNU 942 que, según advirtieron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para los Refugiados (CAREF) y la organización Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), “cambió principios fundamentales que impiden cuidar a quienes piden asilo”.
La CAREF, el CELS y el SJM habían solicitado la audiencia ante la CIDH luego de que en octubre pasado Javier Milei modificara por decreto la ley que protege a las personas refugiadas. En la solicitud señalaron, entre otras cosas, que los cambios en principios como la “no devolución” y la “confidencialidad“ impactaron en “los criterios para que una persona sea o no reconocida como refugiada”.
Durante la audiencia virtual encabezada por la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum; el comisionado dedicado a Argentina, Stuardo Ralón, y las comisionadas Gloria de Mees y Roberta Clarke, las organizaciones peticionantes expusieron sus preocupaciones. También intervino José Sieber, de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).
Gabriela Liguori, directora de CAREF, advirtió que el DNU implica “una regresión total en materia del debido proceso para solicitantes de asilo” y que incluso empeora condiciones establecidas en un decreto de 1985, que luego fue reemplazado por la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado sancionada por el Congreso Nacional en 2006.
Tras las exposiciones, los integrantes de la CIDH hicieron preguntas sobre los efectos del DNU para la población refugiada, los recursos destinados a la cobertura de sus derechos, los procesos de formación a las autoridades de las áreas correspondientes, así como la importancia de la protección de personas refugiadas. “Los funcionarios argentinos no abundaron sobre algunos elementos que permitieran entender los fundamentos de las modificaciones aplicadas por decreto, pero se dedicaron a atacar a las organizaciones” peticionantes, resumió en diálogo con Página/12 Diego Morales, director de Litigio y Defensa legal del CELS, uno de los participantes de la audiencia.
Preocupación
Entre los puntos más alarmantes del DNU figura la eliminación de la posibilidad de recurrir una decisión negativa en la instancia administrativa, la reducción a 5 días como plazo para interponer un recurso judicial ante esa situación, “para lo cual, además, es obligatorio contar con un abogado”, y el condicionamiento al Poder Judicial a resolver en diez días casos “que pueden resultar de alta complejidad y en los cuales puede estar en juego la vida, la seguridad y la libertad de las personas”. “Esto es central y particularmente grave si tenemos en cuenta que los refugiados son sujetos que necesitan una protección, que se encuentran en riesgo, de vulnerabilidad”, apuntó Morales.
El año pasado, en representación de personas refugiadas y solicitantes de asilo, CAREF y el CELS solicitaron a la Justicia local que declare inconstitucional el decreto. “El Estado no puede de manera injustificada, con base en un posicionamiento ideológico, retroceder en sus obligaciones de protección basadas en los compromisos internacionales y el carácter humanitario del sistema de asilo”, destacó, a su turno, Juliana Miranda, coordinadora del equipo de Trabajo Internacional del CELS.
Otra de las cuestiones que las organizaciones plantearon ante la CIDH fue la modificación del órgano de elegibilidad, la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). En mayo pasado, el Gobierno alteró su integración e incluyó al Ministerio de Seguridad, lo que implica considerar a los refugiados como una posible amenaza a la seguridad nacional. “La función por ley de esa comisión tiene que ver con la protección de esos refugiados, la garantía de su acceso a derechos, además de analizar sus antecedentes. Esa ley incluye algunas condiciones que deben cumplir esos refugiados”, explicó Morales a este diario.
En esa línea, Miranda hizo foco en el contexto y la funcionalidad de las modificaciones que el Gobierno. “Surgen en el marco de una narrativa pública que sobredimensiona los asuntos de seguridad”, explicó Miranda y añadió: “El argumento del terrorismo fue la excusa para modificar la política argentina hacia las personas que llegan al país como refugiadas. El criterio de protección de derechos que primaba, y que había sido reconocido por distintos organismos internacionales, viene siendo reemplazado por otro centrado en la ‘seguridad nacional’, como si la política de proteger a quienes piden asilo fuera una fuente de amenazas”.
Por su parte, el sacerdote Julio Villavicencio, señaló que uno de los justificativos que el Gobierno nacional esgrimió en el DNU carece de sustento. “Se sostiene que el sistema de asilo está siendo objeto de abusos, y que ello se aprecia en un supuesto salto cuantitativo en las solicitudes, llegando a mencionarse un incremento global del 225% a partir de 2016”, expresó Villavicencio. Luego, puntualizó que “ni siquiera sumando todos los incrementos interanuales” que arrojan las cifras oficiales de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) “se llega cerca del 225% esgrimido”.
También desmintió la afirmación que figura en los considerandos del DNU sobre un “incremento significativo” de solicitudes hechas por personas provenientes de Medio Oriente, lo que abona a la “narrativa profundamente estigmatizante y enmarcada en supuestas amenazas a la seguridad nacional”. Según las cifras oficiales, solo un 3% del total de las solicitudes recibidas en Argentina durante 2023 provinieron de personas de esa zona del globo. En 2024, el porcentaje creció a un 4%.
Por último criticaron que la modificación de la ley de refugiados fuera una cuestión de “necesidad y urgencia”. “Parece más una cuestión administrativa”, advirtieron las organizaciones peticionantes.
El ataque como única respuesta
El Estado negó los planteos pero en su brevísima argumentación acabó dándoles la razón a las organizaciones. Antes de atacarlas y poner en duda el desempeño de la CIDH, Zicavo intentó justificar el DNU al plantear que con sus modificaciones el Estado garantiza “que el sistema de refugio no sea un mecanismo para eludir a la justicia, asegurando que no se convierta en un riesgo para la ciudadanía argentina”.
Previo esa escueta respuesta, Zicavo se encargó de expresar su “desconcierto” ante la “desproporcionada” cantidad de denuncias que las organizaciones presentaron ante la CIDH en relación al desempeño del Estado argentino sobre la protección de derechos humanos y dedicó buena parte de su exposición a desgranar el recorrido de Andrea Pochak, una de las comisionadas de la CIDH, exintegrante del CELS y exfuncionaria de la Secretaría de Derechos Humanos durante buena parte de la presidencia de Alberto Fernández. Su planteo motivó una respuesta direccionada de Ralón, el funcionario de la Comisión para la Argentina, quien le recordó el reglamento del organismo internacional, que mantiene a los comisionados apartados de las situaciones vinculadas con sus países de origen. Pochak no participó de la audiencia de hoy.
Baños atacó directamente a CAREF, al CELS y a la SJM: “Llama la atención que cada vez que no comparten una gestión acuden a la Comisión Interamericana. Los denunciantes dicen ser democráticos pero no aceptan un nuevo plan de gobierno, no aceptan un nuevo orden normativo, son los dueños de la verdad”, sostuvo, sin explicar qué derechos amplían las modificaciones vertidas a espaldas de la sociedad civil, mediante un decreto de necesidad y urgencia, a una ley sancionada con amplio consenso por el Congreso.
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