La Prefectura Naval Argentina, una de las fuerzas federales que Patricia Bullrich manda a reprimir a las marchas de los jubilados de los miércoles, también disparó –igual que Gendarmería Nacional– en forma antirreglamentaria en la movilización del 12 de marzo: directo hacia el cuerpo y con el arma horizontal. Así surge de una serie de videos incorporados a la causa a cargo de la jueza María Servini y de las imágenes incluídas en uno de los informes que le entregó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Este documento confirma que el hincha de Chacarita Jonathan Navarro quedó ciego de un ojo a causa del tiro con un fusil que lanza cápsulas con gas pimienta, e incluso recibió más impactos de esa arma. Otro reporte de la PSA referido a la actuación de los gendarmes al momento en que fue herido gravemente el fotógrafo Pablo Grillo confirma, con imágenes de los domos de la calle y de televisión, cómo fueron los hechos y en qué momento. Navarro y Grillo, según surge de estas evidencias, fueron heridos con una diferencia de tres minutos, a ambos lados de la Plaza de los dos Congresos.
La coincidencia temporal en la ofensiva de estas dos fuerzas federales, la metodología para atacar a quienes se manifiestan en forma pacífica (provocando las propias fuerzas la violencia) y la ofensiva sistemática contra periodistas y fotógrafos, hablan de una coordinación y de directivas, todo indica, específicas. Se trataría de apuntar a tal o cual grupo o personas, en tal o cual momento. Esas indicaciones suelen emanar de la sala de situación de la Dirección General de Operaciones. La jueza Servini le pidió información al ministerio de Seguridad sobre quiénes estaban allí (nombres, apellidos, jerarquías y cargos) el día que fueron heridos Grillo, Navarro y la jubilada Beatriz Blanco, entre otros, pero hasta el momento nada de eso le fue entregado desde el último pedido de información, despachado el 23 de abril. Fue la marcha de los jubilados que tuvo apoyo de hinchadas de fútbol, a los que la ministra Bullrich describía como barras bravas.
Un elemento que fue incorporado al expediente es la orden de servicio 659/2025 (el diseño del operativo del 12 de marzo) que, como reveló Página/12, algunos jefes policiales –tal como declaró el oficial Tomás Núñez, a cargo del Servicio de la Comisaría de Intervenciones Judiciales de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal– identificaron al operativo con cinismo con la frase de Diego Maradona “porque hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados”. Por esos días esa frase recuperaba vigencia por el acompañamiento de los clubes de fútbol a la movilización de jubilados y jubiladas y aparece reflejada, en efecto, en ese documento. La orden en cuestión, además, informaba que ese día habría un total de 607 efectivos entre todas las fuerzas (lo que incluye brigadas de civil), que habría vigilancia en las autopistas y accesos a la Ciudad de Buenos Aires así como en las estaciones de todas las líneas de ferrocarril y que 17 áreas del Estado Nacional estarían involucradas a la movilización.
El mismo documento ofrecía el listado detallado de todas las organizaciones que participarían, identificaba a algunas personas (como el dirigente Eduardo Belliboni), señalaba a la barra brava de Boca y agregaba un listado de las hinchadas de fútbol que, según habían relevado, iban a concurrir.
Prefectura
Navarro, hincha de Chacarita, había ido a la movilización por una convocatoria que le llegó en su barrio, Villa Zagala. Decía que estaba cansado de ver cómo les pegan a los jubilados cada miércoles que protestan. Según declaró, después de ayudar a dos manifestantes, adultos mayores, que eran agredidos por las fuerzas de seguridad, algo impactó en su ojo izquierdo, del que perdió la visión. Su denuncia recién tomó cauce en la justicia federal –tras un pasamanos entre jueces– después de mediados de mayo. Estaba convencido de que eran agentes de Prefectura Naval (PNA) quienes lo habían atacado y así quedó finalmente confirmado.
Las primeras imágenes que llegaron al juzgado fueron aportadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), ya que Jonathan estaba en Rodríguez Peña al 1700 en el momento en que fue herido. Un domo apunta a esa calle y el otro a Callao. Estas filmaciones en particular, a las que accedió Página/12, captan un momento que sería previo (podría ser una hora antes) al del episodio que le tocó vivir a él pero que son reveladoras, ya que muestran cómo al menos un efectivo de Prefectura dispara hacia personas que se ven en movimiento, pero no generan ninguna situación agresiva ni de peligro. El efectivo despliega el brazo y dispara en forma horizontal. El arma que utiliza es una pistola Byrna SD que tiene como característica que se alimenta por aire comprimido, lanza proyectiles traumáticos y/o de gas pimienta calibre 68, que pueden neutralizar una amenaza a una distancia de hasta 20 metros.
En un documento adicional, donde aporta el listado de armas que llevaron sus 134 efectivos, Prefectura dice que actuó de acuerdo a la Resolución 943/2023, más conocida como Protocolo antiprotestas o de “mantenimiento del orden público” –del que suele hacer gala Bullrich para justificar la represión– que tiene como propósito mantener despejada la calle. Pero en este caso quien dispara, igual que otros agentes, se encuentra sobre la vereda, igual que quienes se manifiestan pacíficamente. Es decir, gasean a gente que ni siquiera está en la calle. Quien corta el tránsito, de ese lado de la plaza, es la propia PNA.
Un informe de la PSA confirma que Navarro recibió el disparo de un agente de Prefectura, a las 17.21, cuando se lo ve agarrarse la cara. Esto es analizado a partir de las imágenes de un domo de la Cámara de Diputados. Dice que portaba un “Rifle
Fusil Disuasivo Byrna TCR” y que el efectivo hizo al menos dos disparos que impactaron en el cuerpo del hincha de Chacarita, uno en el ojo izquierdo y otro en le hombro del mismo lado. “Al momento de observar lo relatado
en el video, instantes previos a que el denunciante se tome el rostro, se identifica el momento de los dos
impactos debido a dos dispersiones de gas muy próximas al denunciante…”. Los fusiles como el utilizado contra Jonathan disparan proyectiles neumáticos con gas pimienta con una cápsula blanda irritante. La PSA alega de manera genérica que los manifestantes actuaban con violencia. Aun así, confirma el disparo a una distancia muy cercana (serían unos cinco metros), directo a la cara.
El documento no identifica al prefecto, pero surge de las imágenes que, al parecer, quienes utilizaban armas Byrna llevaban una marca blanca en el casco. Serían seis agentes, con lo cual el universo para poder identificarlo, se acota.
En la parte del expediente donde se analiza cómo fue herido Pablo Grillo, Gendarmería entregó reglamentos de la fuerza que hacen explícito, respecto de las pistolas lanzagases que “jamás se debe dirigir el arma hacia una persona, ya que en caso de impacto podría producir lesiones graves e incluso la muerte”. “Para una alternativa de este tipo –sigue– resulta conveniente tener presente que los disparos deben ejecutarse en forma oblicua, hacia el suelo, para amortiguar la fuerza y el propio tiempo obtener un desplazamiento adecuado del cartucho…”. La Prefectura debería entregar las guías que usa para el uso de estas armas menos letales.
Por lo pronto, la normativa internacional es muy clara y va en contra del uso que se está haciendo en los operativos de los miércoles. Naciones Unidas dice: “Por lo general, no se deberían disparar proyectiles irritantes contra las personas, y, en cualquier caso, no se deberían lanzar contra la cabeza o la cara, ya que la violencia del impacto puede causar la muerte o lesiones graves”. Amnistía Internacional señala en un informe que “bajo ningún concepto, el gas lacrimógeno puede dispararse directamente a una persona”. “Un proyectil con una masa aproximada de 100 gramos viajando a 70 metros por segundo tiene suficiente energía cinética como para causar daños serios o muerte en casos de impacto directo. Es por esto que los cartuchos nunca deben ser lanzados directamente hacia las personas”, sostiene.
“El avance de la causa confirma con contundencia lo que sostuvimos desde el inicio. La propia PSA identificó con precisión el momento exacto en que un agente de Prefectura efectuó dos disparos contra Navarro: el primero lo impactó en el hombro, y el segundo, también con clara intención de daño, le dio de lleno en el ojo izquierdo, provocándole el estallido del globo ocular y la consecuente pérdida total de la visión en ese ojo. Ante semejante evidencia, cabe preguntarse: ¿qué protocolo puede justificar dispararle en la cara a una persona desarmada, desde menos de cinco metros?”, plantea el abogado querellante Pablo Zapulla, que representa a Navarro. “Tanto el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza de la ONU establecen que el uso de la fuerza —incluida la no letal— debe ser proporcional, necesaria y orientada a reducir al mínimo el daño”, enfatiza.
La querella de Grillo reclama
En el caso de la grave herida en la cabeza que sufrió el fotógrafo Grillo –alcanzado por una granada de gas lacrimógeno mientras estaba tomando imágenes–, la reconstrucción del colectivo Mapa de la Policía permitió identificar que quien disparó fue el cabo de Gendarmería Héctor Guerrero. Algunas imágenes, como las tomada por el fotógrafo Kaloian Santos (quien fue despedido después de la Secretaría de Cultura) permitieron reconocer su nombre en la chapa que llevaba en el uniforme. Hay imágenes de la propia Gendarmería que muestran que Guerrero en otros momentos disparó también contra todos los protocolos que, según su legajo personal y los exámenes que rindió, conoce, pero en este caso no aplicó y puso en peligro la vida cuanto menos de Grillo como confirmó también un informe médico forense.
La PSA también aportó un informe sobre el accionar de Gendarmería, donde no proporciona el nombre de Guerrero, pero confirma lo sucedido. Dice la querella del Centro de Estudios Legales y Sociales y de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “El análisis confirma lo que sabemos desde el primer día: que Pablo Grillo recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada por un gendarme. La PSA dice no poder identificar al autor del disparo por la mala calidad de las imágenes; sin embargo, en todas las fotos se ve claramente que viste uniforme color caqui, identificado en nuestra presentación como el gendarme Héctor Jesús Guerrero”. Con todos los elementos que hay en la causa y con la certeza de que le disparó a Pablo a las 17.18 horas, los organismos pidieron que se lo cite a indagatoria por homicidio agravado por abuso funcional y uso de arma de fuego en grado de tentativa, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En su última presentación, señalaron que el Ministerio de Seguridad invoca el protocolo antiprotestas para desplegar “operativos completamente desproporcionados y compuestos por una gran cantidad de efectivos” de todas las fuerzas. En cada protesta “se pudo observar una actuación ilegal, abusiva y poco profesional de los efectivos, quienes produjeron detenciones arbitrarias y atacaron a manifestantes, adultos mayores y trabajadores de prensa con gas pimienta, gases lacrimógenos, palos y tonfas”. Se registran más de 400 heridos en lo que va del año. Con la excusa del protocolo “los efectivos atacan deliberadamente y sin motivos a personas que no se encuentran afectando las vías de circulación de ninguna forma, ni realizando ninguna conducta agresiva o peligrosa para los policías o de seguridad, ni para terceros”. Con el análisis de imágenes y modulaciones de las propias fuerzas muestran como los agentes crean un clima hostil y violento, donde insultan (“hijos de puta”, “no le perdonen”) y se dan manija entre ellos para atacar a manifestantes y periodistas.
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