Los despedidos del Ministerio de Justicia –2400 trabajadores a los que el gobierno no les renovó sus contratos– se movilizaron a la sede de esa cartera, en el centro porteño, para resistir la medida. “Los trabajadores no tenemos ninguna responsabilidad sobre la modalidad contractual que desde hace décadas nos vincula al Estado”, planteó allí el titular de ATE, Rodolfo Aguiar. El gremio advirtió además al ministro Mariano Cúneo Libarona que su decisión “terminará afectando de manera grave a la sociedad, porque habrá una crisis de funcionamiento de todo el ministerio”. Y es que los desvinculados representan casi la mitad de su planta. Quedarán desmanteladas áreas administrativas, espacios de memoria, tareas de la secretaría de derechos humanos y de los centros de acceso a la justicia.
“Esto no solamente perjudica a los trabajadores, sino que es un daño que va a ir quitándole derechos a la sociedad”, anticipó Rubén López, secretario de Acción Política de ATE Capital. El sindicato presentará un pedido de medida cautelar para frenar los despidos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado el miércoles la decisión de no renovar contratos: “son curros de la política”, dijo. Este argumento fue reforzado por Cúneo Libarona, que aseguró que la firma de contratos permitían “esquivar controles” y tomar personal “fuera de los sistemas establecidos para el empleo público”.
Los trabajadores señalan, contra estos argumentos, que los contratos no son privilegios sino modos de precarización laboral sostenidos desde hace décadas por los gobiernos. “Hay contratados con más de 30 años de antigüedad”, indicaron en ATE.
Junto con los despidos, el gobierno recortó sueldos del personal de planta permanente, eliminando una serie de complementos salariales. Por eso a partir de enero, habrá trabajadores que pasarán a cobran la mitad de lo que ganaban.
ATE también va a impugnar este ajuste en el pedido de cautelar. Eso es lo que tiene mayores chances legales de ser revertido, ya que el año pasado la Corte Suprema reconoció los complementos como parte del salario. En su fallo, le ordenó al ministerio que haga realice los aportes jubilatorios sobre el monto de los complementos salariales, lo que hasta ahora el gobierno libertario no cumplió. En la cautelar, en cambio, conseguir que los despedidos sean reincorporados es más improbable. Como viene ocurriendo, este tema dependerá de las negociaciones que logren abrir los sindicatos.
“Cúneo Libarona está desguazando el ministerio. No es solamente que no quiera renovar los contratos, sino que montó todo un sistema con ese objetivo: a los trabajadores de la planta les vienen ofreciendo un retiro voluntario que los pone contra la pared”, detalló López.
“Les ofrecen un retiro menor a la indemnización que les corresponde, con la promesa de que van a mantener sus trabajo, pero como contratados. Es una trampa mortal, porque después los mandan a rendir un examen que les hace de filtro”.
“Entonces, la primera fase del plan del gobierno es el ahorro de indemnizaciones, y la segunda, la reducción de puestos de trabajo de manera masiva. Es decir que lo que quieren es el desguace del ministerio”.
El dirigente de ATE detalló que ya se han desarmado “actividades sensibles como las áreas que trabajan contra la trata de personas y protección de testigos” y que los 2400 nuevos despidos afectarán el funcionamiento de áreas y programas como el de acceso a la justicia o incluso el funcionamiento central del ministerio”. “También quedaría afectada la dirección de asuntos jurídicos, que defiende al Estado en los juicios que se le siguen, en los que se pone en juego el patrimonio estatal. Son áreas muy sensibles, también está la secretaría de derechos humanos, con programas importantes para la sociedad”.
El hostigamiento de la cartera que conduce Cúneo Libarona a los trabajadores fue constante durante todo el año, y estuvo especialmente enfocado en los trabajadores de Justicia y Derechos Humanos, que vienen denunciando persecución, amedrentamiento y amenazas constantes de despido.
En la Secretaría de Derechos Humanos son casi 500 personas las que quedarán sin trabajo a fin de diciembre, la mitad de su planta. El daño es muy concreto: quedan sin trabajo gente que cumplía tareas en el Archivo Nacional de la Memoria, que hacía guiadas y organizaba el Museo de la ex ESMA y en otros sitios de memoria.
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