El Gobierno Nacional anunció que el nuevo examen para acceder a las residencias en instituciones de salud se tomará a quienes consideren “casos incongruentes”. El Poder Ejecutivo estableció un procedimiento para la determinación de la congruencia académica en los 286 exámenes anulados, dispuso que se tomarán pruebas escritas para quienes resulten sospechosos y convocó a los gobiernos de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires a adherir a la medida. Sin embargo, en ambas jurisdicciones afirman que se trató de una medida unilateral, dado que no se respetó el acuerdo al que habían llegado en una reunión previa.
“Estamos a 15 días de que se les adjudique el lugar de trabajo a más de diez mil médicos por los próximos cinco años y el gobierno sigue sin resolver la situación”, dijeron a Página/12 fuentes del Ministerio de Salud de PBA. El viernes pasado, en un encuentro del que participaron representantes de las carteras de salud de Nación, CABA y PBA, se había llegado a un consenso en torno a tomar un examen oral para los casos sospechosos. La resolución publicada por el Poder Ejecutivo nacional fue por otro camino y hasta se afirma en ella que no se había llegado a ningún acuerdo, por lo que “resulta procedente invitar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, a adherir a la presente medida, a los fines de evitar la multiplicidad de órdenes de mérito, como así también una divergencia en las pautas de congruencia académica que implicarían resultados inequitativos”.
En los últimos días, desde el Poder Ejecutivo negaron la hipótesis de que se hayan vendido exámenes y deslizaron que el problema fue la falta de control por parte del Gobierno de la Ciudad en la sede de Parque Roca, en donde se rinden estas pruebas. Consultados por Página/12, fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad señalaron que “desde la Ciudad se van a reajustar los mecanismos de control, como cada año después de una evaluación de esta magnitud. Rindieron más de 6000 personas, y siempre pueden aparecer casos individuales que serán investigados y sancionados si corresponde”, y agregaron que “si hay una denuncia concreta sobre la filtración del examen, se deberá investigar”.
Desde el gobierno provincial advirtieron que “hace 20 días que estamos en esta situación y cambiaron cuatro veces la propuesta para resolverla. Tienen que asumir las consecuencias de lo que causaron y dar soluciones de una vez por todas”. Consideran, además, que la confrontación con CABA y PBA tiene que ver con el “objetivo político” de “construir un nuevo culpable y desligarse de la responsabilidad”.
Según las estimaciones del gobierno, los casos sospechosos son alrededor de un 45 por ciento del total de 286. Es decir, más de 100 personas. El ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que “se detectaron resultados que no se explican por el mérito ni por el historial académico de quienes lo obtuvieron”, y advirtió que “el sistema de Salud no puede aceptar trampas. Por eso decidimos actuar”. En este sentido, enfatizó que se tomará de nuevo el examen a los “casos” puntuales, en los que “se destacaron puntajes inusualmente altos”. “En muchos de ellos, la nota obtenida no se corresponde con los antecedentes académicos ni con el rendimiento histórico de sus universidades”, indicó el ministro.
Al respecto, generalizó la problemática con un caso bajo investigación de un extranjero que, en su evaluación, obtuvo 92 puntos. El ministro acusó al postulante de haber realizado el examen “con anteojos especiales”, engañando al sistema. Y puntualizó: “Intentó robarle el lugar a un médico honesto que estudió y se preparó. Y con la salud no se juega”. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en tanto, sostuvo que los postulantes con presuntas incongruencias en sus exámenes provienen “en su mayoría de instituciones que no tienen los mismos estándares ni controles de calidad que las universidades argentinas”.
La resolución presentada por el gobierno tiene dos ejes. En primer lugar, se conforma un comité de expertos integrado por tres representantes del Ministerio de Salud de la Nación –los doctores Alejandro Alberto Vilches y Enrique Alberto Rifourcat y el licenciado Juan Pablo Vivas– que evaluará los perfiles de los 286 aspirantes cuyos exámenes fueron suspendidos. Según el Anexo II de la resolución, se tomarán en cuenta cuatro factores: las trayectorias académicas de los postulantes; el promedio de calificaciones en ediciones anteriores del Examen Único de los graduados de la universidades de las que son graduados; el resultado del examen anulado y, en relación a la institución educativa de procedencia, el reconocimiento de los estándares internacionales validados por la World Federation for Medical Education.
En caso de que el comité encuentre congruencia académica en los perfiles, no deberán volver a rendir el examen. Las personas con perfiles “incongruentes” deberán rendir un examen escrito presencial compuesto por 100 preguntas de opción múltiple. Los contenidos que se evaluarán serán los mismos que en el examen del 1 de julio. En relación al puntaje obtenido, en el Anexo II se aclara que “considerando que por las circunstancias puede haber diferencias de rendimientos, se considerará un posible desvío de hasta 10 por ciento en la nota previamente obtenida, manteniéndose aquella calificación. En caso de que en dicha instancia el postulante obtuviera una nota inferior a dicho desvío, se le asignará la nota que obtenga en este último”. La revalidación aplicará a los postulantes de medicina que aspiran a residencias y cargos en instituciones financiadas por el Estado Nacional.
Fuente: Pagina12
