El Gobierno demora la formalización de la convocatoria del llamado a sesiones extraordinarias pese al anuncio del vocero presidencial de que darían comienzo el pasado 5 de diciembre y que se extenderían hasta después de Navidad. Sin la certeza de contar con los votos necesarios para avanzar en la reforma electoral que la Casa Rosada prometió incluir en el temario, sus negociadores buscan acuerdos contrarreloj para sumar o bajar proyectos y evitar que las extraordinarias desemboquen en derrotas parlamentarias para las ambiciones políticas del presidente Javier Milei. Especialmente después del escándalo por la detención en Paraguay del senador Eduardo Kueider –de origen peronista pero aliado al oficialismo libertario en el Senado–, y la exclusión del Presupuesto 2025 del temario que desataron duras críticas al Gobierno que van desde la oposición más intransigente hasta las bancadas colaboracionistas.
El miércoles pasado, Manuel Adorni anunció que el Gobierno finalmente, tras idas y vueltas, convocaría a sesiones extraordinarias del Congreso “entre el 5 y el 27 de diciembre”. El vocero presidencial también definió el temario que Milei propondría para el debate legislativo: reforma electoral y política, juicio en ausencia, Ley Anti Mafia, los viajes del Presidente al exterior y la eliminación de los fueros a la política. Este último punto se incluyó para intentar desactivar las críticas de sus aliados después que el propio oficialismo contribuyó a hacer caer la sesión en la que el macrismo y otros bloques dialoguistas impulsaban el proyecto de “ficha limpia” que buscaba ponerle candado a una posible candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sin la definición de la última instancia judicial (Corte Suprema) de apelación a su condena por la causa Vialidad.
Pasaron ya cuatro días de la fecha inicial que Adorni le puso a la convocatoria y el Ejecutivo aun no la formalizó. Aunque desde la Casa Rosada afirman que decreto está listo para ser firmado y publicado en el Boletín Oficial, en el entorno presidencial todavía evalúan el respaldo que tendría cada iniciativa y terminar de definir las prioridades que no provoquen una derrota parlamentaria al oficialismo.
El temario original también está en duda. La reforma electoral y política, que incluye la eliminación de las elecciones primarias (PASO), la publicidad estatal y el financiamiento a los partidos, no tiene acuerdo con el grueso de la oposición y ni siquiera con los bloques dialoguistas que mantienen matices y reclaman que el debate se postergue hasta febrero. De todos modos el Gobierno insistirá con esta propuesta que quiere aplicar para las elecciones legislativas de 2025. Los números solo le dan al oficialismo, por ahora, para la aprobación de la Ley Antimafia y el juicio en ausencia.
Descartado de antemano el Presupuesto para no ceder al reclamo de las provincias y los acuerdos para los dos candidatos de Milei para la Corte Suprema (el juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla) para los cuales no hay consenso, en Balcarce 50 evalúan ampliar el temario a otros proyectos en busca de acuerdos con los bloques colaboracionistas.
Dejaron trascender que en la lista podrían incluirse la privatización de Aerolíneas Argentinas, Ley de Reiterancia y juicios por jurado, tres de los temas que estaban previsto ser incluidos pero que quedaron afuera del temario anunciado. Y consideran la chance de sumar la denominada “Ley de igualdad ante la ley”, que aspira a eliminar los cupos de género en los empleos estatales. Milei quiere una agenda que amplíe con leyes sus dogmas libertarios de altraderecha.
Ficha limpia es otro tema que parece descartado para este año. Desde el Gobierno esgrimen que trabajan en un proyecto propio, bajo la coordinación del abogado Alejandro Fargosi, quien se manifestó a favor que el mismo se trate en extraordinarias. Aunque su inclusión todavía está en duda.
Pero la caída en prisión de Kueider –en Paraguay por “intento de contrabando” de divisas (211 mil dólares sin declarar)– complica el panorama para la Casa Rosada, que quiere evitar la expulsión del aliado senador entrerriano que impulsa Unión por la Patria y para que su banca no pase a manos de la opositora y dirigente de La Cámpora, Stefanía Cora.
Por lo que el Gobierno amenaza con redoblar la apuesta y presentar un proyecto para echar a todos los legisladores con causas judiciales abiertas, en nuevo intento de despegarse de Kueider: un senador clave para la aprobación de la Ley Bases, que votó en contra de rechazar el DNU que le otorgaba 100 millones de dólares en gastos reservados para la SIDE y el frustrado legislador elegido por el asesor estrella de Milei, Santiago Caputo, para presidir la bicameral que controla los organismos de inteligencia.
En síntesis, una convocatoria todavía demorada, una agenda ambiciosa para el Gobierno y con escaso tiempo para que el Congreso lo trate.
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