La insistencia del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) en atacar a los organismos de derechos humanos provocó la respuesta del juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar. “Las palabras del ministro no solo agraden a una parte esencial de la memoria histórica del país, sino que también buscan desacreditar la lucha por los derechos humanos que nos define como sociedad”, aseguró Slokar en un comunicado del Observatorio Memoria y Justicia de la Universidad Nacional de La Plata, entidad que dirije. El jurista rechazó las afirmaciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que había acusado en sus redes sociales a los organismos de defender “a un sanguinario socialista” en referencia al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Estas organizaciones son el núcleo constitutivo de la nación democrática y un emblema universal en favor de la vigencia irrestricta de los Derechos Humanos. Estas afirmaciones deben ser merecedoras del más enérgico repudio y un llamado a la reflexión de toda la comunidad jurídica y científica”, destacó Slokar en el comunicado. El camarista apuntó contra Cúneo Libarona luego de que atacara a las organizaciones de derechos humanos: “Qué raro otra vez las Madres de Plaza de Mayo defendiendo a un sanguinario socialista y corrupto como Maduro. Cuando se trata de un dictador de izquierda que persigue, tortura y hambrea a su pueblo, miran para otro lado”. En su diatriba negacionista y condenatoria de las políticas de reparación en materia de Memoria, verdad y justicia el ministro señaló: “ya les cerramos todo el financiamiento a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo desde el Ministerio de Justicia. No les dejamos ni un solo kiosco a los que curran con los Derechos Humanos”.
No es la primera vez que Cúneo Libarona inocula la condena de las políticas de derechos humanos que forman parte de la estructura del Estado luego de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En agosto del año pasado, luego de que estallara el escándalo por la visita en a cárcel de Ezeiza de un grupo de legisladores de LLA a ex militares condenados por delitos de lesa humanidad, el ministro de Justicia señaló que la cárcel común para los represores era “un tema que a mi juicio me produce mucha indignación desde el punto de vista de la justicia, de la situación de estas personas, que merecerían morirse en su casa con una tobillera y de la mano de su esposa”.
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