1. En una nota publicada en Página 12 el día 13 de mayo de 2025, titulada “Caputo insulta al periodismo mientras pone el ojo en los ahorros en dólares”, este diario reprodujo una serie de manifestaciones efectuadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, destinado a incentivar la venta de los pocos dólares que el ciudadano común mantiene atesorado en su vivienda, producto de sus ahorros personales, basado en el hecho de que esa acumulación – generalmente de poca monta – responde, a juicio del aludido funcionario, al supuesto temor de una futura persecución por los organismos impositivos y no se debe, como lo es en la realidad, a la necesidad de invertir los pocos pesos que puede ahorrar en la compra de una divisa estable, que es por lo general lo que acontece en el mundo real y no en el mundo ideal en que se desempeñan los funcionarios del actual gobierno nacional.
Mediante esa diatriba –que el ministro Caputo llevó a cabo utilizando el agresivo y detestable estilo verbal que tanto caracteriza a los integrantes de La Libertad Avanza y de sus simpatizantes–, éste calificó de “basuras humanas” a los trabajadores de prensa que demostraron que la ilegítima organización denominada “Revolución Federal” habría cobrado la suma de siete millones de pesos a la sociedad Caputo Hermanos SA –de la cual forma parte el aludido ministro de Economía, dentro de un grupo de sociedades que éste integra con su familia- y que numerosos medios de prensa vincularon a la financiación del intento de asesinato a la ex presidenta Cristina Kirchner, concretado el día 2 de Septiembre de 2022.
De seguido, y no contento con esas declaraciones, agregó textualmente Luis Caputo que “Un tipo que cobra por difamar a ese nivel a una persona es una basura humana”, para –y de seguido– embestir “contra el atorrante de la Inspección General de Justicia (IGJ), que dijo que sus hermanos no eran desarrolladores”.
Salta a la vista que este ataque a periodistas formulado por el ministro Luis “Toto” Caputo constituye un claro ejemplo de la embestida que el gobierno del Presidente dirige permanentemente a todos los que se oponen a la política de hambre, de crueldad y de mentiras que caracteriza a esta gestión. En este caso, el ministro de Economía, aprovechando el envión de sus exabruptos contra la prensa, atacó a un Inspector General de Justicia, a quien no identificó, aunque sí lo calificó como un “atorrante”, por no haber clasificado a sus hermanos, en la categoría de “desarrolladores” en lo que respecta a la actividad profesional de éstos.
Es inequívoco que la referencia de Caputo es a mi gestión como Inspector General de Justicia
2. Es de toda evidencia que semejantes calificativos iban dirigidos exclusivamente a mi persona, pues no me imagino a ninguno de los funcionarios que integra actualmente la gestión de la Inspección General de Justicia agraviando al ministro de Economía o de su familia, pues la labor de este organismo, desde la asunción del actual gobierno, no ha hecho otra cosa que obedecer a rajatabla, y sin la menor discusión, las ordenes del Poder Ejecutivo Nacional, que en nombre de una supuesta libertad de comercio, ha permitido cualquier tipo de actuación societaria –lícita o ilícita- a quienes integran las clases empresarias y mas adineradas de la sociedad argentina, derogando todas las leyes y reglamentaciones que fueron dictadas en los últimos 20 años para evitar el fraude y la simulación en el tráfico mercantil local. Ello es tan así que la enorme permisión que hoy existe en la CABA en torno a radicación de sociedades extranjeras falsas y off shore, así como la inscripción de sociedades por acciones simplificadas ( SAS), que gozan de un casi inexistente control por parte de la IGJ, han convertido a nuestro país en un “paraíso fiscal”, donde cualquier instrumento societario es permitido, bajo amenaza de utilizar la famosa motosierra. Precisamente, la idea del ministro Caputo de permitir la utilización de dólares sin investigaciones posteriores del Estado sobre la procedencia de esa titularidad, es la mejor prueba de que estamos cada vez mas cerca de convertir a la República Argentina en un “Delaware”, en las Islas Caimán o en los cientos de guaridas fiscales que existen en el mundo, pues a pesar de las recomendaciones del GAFI y con semejantes permisiones por el actual gobierno, cualquier acto o documento es susceptible de inscripción en el registro mercantil local, y, como contrapartida, todas las previsiones legales para evitar el lavado de dinero, la fuga de capitales, el tráfico de drogas o la trata, se han convertido en letra muerta.
3. El ministro Luis “Toto” Caputo, cuya gestión como ministro de Finanzas durante la presidencia del ingeniero Mauricio Macri ( 2015-2019 ) no se destacó precisamente por su transparencia, siempre ha exhibido un enorme entusiasmo por la actividad off shore, a la que ponderó muy especialmente en oportunidad de dar explicaciones en el Congreso de la Nación, asimilando a las sociedades off shore –defenestradas por la opinión pública como consecuencia de las investigaciones del periodismo mundial en los casos “Panamá Papers” ( 2016), “Paradise Papers” ( 2018 ) y “Pandora Papers” ( 2021 ) – a una caja de seguridad, en torno a la tranquilidad que a sus socios le brinda la clandestinidad que constituye la especial característica de la actividad off shore.
Antes de asumir el ministerio de Finanzas en el año 2015 y según informaciones periodísticas muy difundidas, por ese entonces, el verborrágico ministro Luis Caputo era propietario de la sociedad off shore denominada “Noctua Partners”, empresa vinculada al fondo “Axis” creado por aquel en el año 2012 y que elaboró, según investigaciones de la época, un mecanismo con el Deutsch Bank para recibir fondos del blanqueo. Por otra parte, el ministro Caputo era también dueño de parte de la empresa “Princess” que ejercía control sobre “Affinis Partners” que a su vez controlaba el 75% de las acciones de Noctua, todas ellas organizadas a través del sistema de las “matrioshkas o muñecas rusas”, que la justicia penal, nacional e internacional conoce muy bien, como características clásicas de las sociedades o grupos societarios fraudulentos.
La prueba sobre el carácter de dueño por parte de Luis Caputo del paquete de control de estas empresas, constituidas en paraísos fiscales fue muy abundante y así lo destacó la prensa en forma reiterada allá por el año 2018, aunque por obviedad, el actual ministro de Finanzas no declaró esas titularidades en sus declaraciones juradas. Huelga destacar que el fondo “Axis”, de propiedad del Toto Caputo administraba por aquel entonces una suma cercana a los 500 millones, y como no podía ser de otra manera, registraba como sede en el Estado de Delaware, EEUU, donde, en materia corporativa, todo es permitido y todo es tolerado.
4. Pero la actividad societaria ilegítima del hoy ministro de Economía no se limitó al exterior o al mundo internacional de las finanzas clandestinas, sino que su actividad corporativa en la República Argentina tampoco goza de mayor transparencia y la legalidad de su actuación societaria local ha sido también puesta en entredicho. Durante los años 2022 y 2023, en ejercicio de sus funciones de fiscalización sobre las sociedades anónimas y en especial sobre sus balances, tal como lo exige la ley 19550, la Inspección General de Justicia llevó a cabo numerosas y minuciosas investigaciones sobre muchas de las compañías que formaban parte del “Grupo Caputo”. Me refiero fundamentalmente a las sociedades “Caputo Hermanos SA”; “Sacha Rupanska SA”; “Sacha Rupaska SA”; “Chaqueña Bajada SA” y “Agropecuaria Los Venados SA” y algunas otras de similares características, todas las cuales tenían por objeto la realización de actividades agropecuarias e inmobiliarias, pero que jamás fueron organizadas y actuaron como verdaderas sociedades, pues siempre funcionaron con un capital mínimo original de pesos 12.000; jamás inscribieron sus autoridades en el Registro Público de Comercio ni modificaron tampoco sus estatutos originales. Por otro lado; nunca presentaron sus estados contables a la Inspección General de Justicia y todos estos instrumentos contables carecían de memoria; sus actas de directorio fueron siempre redactadas de la misma manera, en forma totalmente abstracta y jamás contienen la menor información sobre los negocios de la sociedad, porque sencillamente dichas sociedades no desarrollaban en la práctica ninguna de las actividades comprendidas en el objeto social, sino solo existían como mero receptáculo formal de bienes y estaban al servicio de sus verdaderos dueños. El mejor ejemplo de ello lo encontramos en la sociedad “Caputo Hermanos SA” en la cual no existen actas de directorio que se refieran a los Fideicomisos “Santa Clara del Sur” ( constituido en el año 2013 ) y “Espacio Añelo” ( constituido en el año 2019 ); las actas de las asambleas lucen tienen el mismo texto, y las decisiones adoptadas por las asamblea de accionistas fueron aprobadas siempre por unanimidad, sin existir en toda la historia de la sociedad disidencia alguna efectuado por socio alguno, todo ello de acuerdo con las constancias del libro de actas de la sociedad. Del mismo modo, los accionistas jamás percibieron dividendos, pues las ganancias obtenidas según balance, fueron siempre acumuladas en una cuenta inactiva del patrimonio neto y en todos los ejercicios, sin excepción alguna, sus directores renunciaron a su derecho de ser remunerados.
Con otras palabras, la Inspección General de Justicia durante mi gestión ( 2020/2023 ) investigó minuciosamente el funcionamiento y la legalidad de ese grupo societario y comprobó que, en la realidad sustancial se trataba de sociedades en las cuales todo el esquema instrumental ( estatutos, libros de actas, asambleas, reuniones de directorio etc. ), eran una burda fachada y una burla a las imperativas prescripciones de la ley 19550, pues quienes llevaban a cabo, en forma real y efectiva, el emprendimiento agropecuario con los bienes inmuebles de la sociedad eran los mismos socios a titulo personal, que actuaban solo como condóminos y no como socios haciendose cargo de los gastos de los inmuebles con fondos propios que luego contabilizaban en la empresa como préstamos, como quedó también comprobado, nunca fueron cancelados,los cuales hasta que entre los años 2022 y 2023 la Inspección General de Justicia les pasó el peine fino a toda esa burda organización corporativa y advirtió que estábamos frente al mismo e idéntico fenómeno que exhibían otras emblemáticas sociedades vinculadas con el gobierno neoliberal transcurrido entre los años 2015 a 2019, como por ejemplo la sociedad “Hidden Lake SA” de Joseph “Joe” Lewis, también con objeto agropecuario pero sin actividad empresaria alguna, domiciliada en la Patagonia, que esconde de los argentinos el célebre Lago Escondido y en donde el ex presidente Mauricio Macri pasa sus vacaciones con su familia y el Grupo Clarín lleva a cabo reuniones políticas secretas con periodistas, jueces y fiscales, quienes concurren con la excusa de hacer un curso de pesca con mosca.
Tampoco resulta ocioso destacar que cuando Mauricio Macri inventó el célebre “Fideicomiso Ciego” para la administración de su patrimonio personal allá por el año 2016 – al cual solo aportó el dos por ciento de su fortuna – integró al fondo fiduciario determinados porcentajes accionarios minoritarios de que era titular en cuatro sociedades de familia, entidades todas ellas que exhibían las mismas irregularidades que las compañías referidas, pues eran meras cáscaras vacías y responden en el tráfico comercial a la calificaciones “sociedades baúl”, pues son meros receptáculos para esconder bienes de los cuales no se espera que participen en ninguna actividad de la empresa a cuyo nombre están registradas ni obviamente generen dividendos a sus accionistas.
Es de toda evidencia sostener que quienes así desarrollan sus actividades comerciales, a través de sociedades off shore o sociedades nacionales carentes de toda validez, mal pueden ser calificados como “desarrolladores”, por mas que ello disguste profundamente al Ministro Luis Caputo, que me tildó de “atorrante” por ser quien suscribió las resoluciones que, en según los casos, decidieron la promoción de acciones judiciales de nulidad y disolución contra las sociedades “Agropecuaria Los Venados SA”,”Sacha Rupaska SA”, “Chaqueña Bajada SA” en los términos del artículo 19 de la ley 19550, o resolvió ejercer el control estatal permanente sobre la sociedad “Caputo Hermanos SA” conforme lo dispone el artículo 301 inciso 1º de la ley 19550. Si nos atenemos a las definiciones que brinda el Diccionario de la Real Academia Española, el adjetivo que me reservó quien alguna vez fue conocido como “El Messi de las Finanzas” no parece tan grave como la calificación que merecieron los periodistas que no coinciden con su manera de ver las cosas en la República Argentina ni alaban sus nunca populares medidas económicas, pues la palabra “atorrante” hace referencia al “vago”, “callejero” y “generalmente sin domicilio” o simplemente “desfachatado” o “desvergonzado”, como pretende Caputo desacreditarme en mi labor como Inspector General de Justicia, por haber puesto al descubierto, sencillamente, que no es, ni remotamente, “El Maradona de las Finanzas”.
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