En el marco de una nueva reunión de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, la diputada Soledad Alonso presentó un proyecto de declaración para manifestar su repudio y profunda preocupación por el desmantelamiento de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), impulsado por el Gobierno nacional.
Durante el encuentro, se recibieron a representantes gremiales del sector vial: Fabián Cattanzaro (Secretario Gremial de FEPEVINA), Emiliana Mc Namara (Secretaria General de SEVINA Buenos Aires), Pablo Zalazky (Secretario Adjunto de ATE) y Jorge Maturano (Secretario General del Sindicato del Personal Jerárquico de Vialidad), quienes expusieron con crudeza la situación crítica que atraviesa el organismo.
Según detallaron, Vialidad Nacional enfrenta un vaciamiento deliberado: más de 300 despidos, paralización total de obras en todo el país, subejecución presupuestaria y la amenaza concreta de disolución del organismo a través de un decreto impulsado por el administrador Marcelo Campoy, que implicaría la derogación de su Carta Orgánica vigente desde 1958 y la eliminación de los convenios colectivos de trabajo.
“La situación es muy grave. El estado de las rutas es deplorable y el año pasado se ejecutó solo el 50% del presupuesto asignado, cuando la situación requería aún más inversión”, advirtió Emiliana Mc Namara. En esa misma línea, Pablo Zalazky denunció: “Dejaron todas las obras paralizadas con el plan de obra pública cero. Así no se va a poder transitar: va a haber más accidentes y muertes, pero no les importa la vida. En lugar de mantener, destruyen”.
Fabián Cattanzaro remarcó que los siniestros viales son la principal causa de muerte entre jóvenes de 19 a 35 años, y denunció que el Gobierno ni siquiera ejecuta los fondos con financiamiento internacional, como los destinados a la Ruta 3. “Eso agrava el deterioro de la infraestructura y pone vidas en riesgo todos los días”, afirmó.
Por su parte, Jorge Maturano fue contundente: “El presupuesto es prácticamente cero desde que asumió Milei. Somos 5.400 trabajadores en todo el país, y con esa dotación y sin fondos, hacer algo en las rutas es casi imposible. Hasta lo mínimo indispensable se vuelve difícil”.
El proyecto presentado por Alonso no solo denuncia este proceso de vaciamiento, sino que alerta sobre las consecuencias directas que tiene en la infraestructura del país y en la vida cotidiana de millones de personas. En la provincia de Buenos Aires, el 65% de las rutas nacionales se encuentran en estado malo o regular. La falta de mantenimiento, control y planificación ya se traduce en un aumento sostenido de los accidentes.
“No invertir en infraestructura vial implica paralizar obras de conectividad, accesos, autopistas y puentes, agravando la inseguridad vial. El ajuste en Vialidad Nacional no hace más que profundizar la crisis, en perjuicio de los trabajadores y de toda la comunidad”, concluyó Soledad Alonso.
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