En un texto inusualmente duro, la Cámara Nacional Electoral (CNE) rechazó los argumentos defensistas del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, y el ejecutivo de su empresa constructora, Héctor Sánchez Caballero, quienes sostuvieron que el dinero que entregaron en 2013 y 2015 al chofer Oscar Centeno fue como aportes de campaña del Frente para la Victoria (FPV). Los empresarios aseguraron que la plata no fue una coima a cambio de adjudicación en licitaciones, por lo que esperaban que no los juzguen por cohecho sino por una irregularidad electoral, haber entregado dinero en negro a una fuerza política. La Cámara de Casación había aceptado los argumentos de Calcaterra y Sánchez Caballero, pero la CNE dice que no hay prueba alguna de que los fondos -unos 500.000 dólares- hayan sido para gastos electorales, por lo cual, de hecho, le manda la causa de regreso a Comodoro Py. “No alcanza con decir que el dinero fue para elecciones, hay que probarlo”, sostiene tácitamente la CNE. La lógica indica que Calcaterra y Sánchez Caballero se sentarán, como otros 100 imputados, en el banquillo de los acusados de la causa conocida como Cuadernos. Aunque no se sabe cuándo ocurrirá eso y si la Corte Suprema va a intervenir en el entuerto
La resolución firmada por los tres jueces de la Cámara Electoral, Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Daniel Bejas refleja un razonamiento tajante: no quieren que se use lo electoral para expiar delitos de todo tipo. Según sostienen los magistrados si un dinero oscuro se derivó a cuestiones electorales hay que evidenciar que el imputado pagó un gasto, los costos de un acto, los honorarios de una consultora, la publicidad en las redes sociales o cualquier variante semejante. La Cámara afirma que estudió las erogaciones del FPV y “tras nueve años de investigación, no se ha hallado ningún elemento concreto que vincule las deficiencias en las rendiciones de cuentas con los desembolsos de Calcaterra y Sánchez Caballero”. De entrada nomás, el argumento defensista era un poco extraño: Calcaterra, primo de Macri, poniendo plata para el peronismo, que enfrentaba a Macri. Pero es cierto que eso no es tampoco descabellado: la empresa constructora IECSA, que siempre se sospechó que no dejó de ser del grupo Macri, tal vez haya jugado políticamente a dos puntas.
En la causa Cuadernos los empresarios buscan una salida para no ser juzgados. Lo lograron, insólitamente, el dueño de Techint, Paola Rocca y sus máximos directivos, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta. Argumentaron que le entregaron dinero a Centeno, chofer del número 2 de Planificación, Roberto Baratta, para “salvar” a sus empleados en Venezuela que, supuestamente, estaban siendo hostigados por el gobierno de Hugo Chávez. La justicia aceptó que, con el dinero entregado, el gobierno kirchnerista habilitó la negociación de una especie de salvoconducto para los empleados y gerentes de la metalúrgica Sidor, que había sido comprada por Techint en el país caribeño. El intento de Calcaterra y Sánchez Caballero apuntaba a lo mismo: justificar la entrega de dinero.
El caso plantea una enorme controversia, porque es posible que algunos de los empresarios entregaron dinero como coimas: de hecho, un ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz, que recibió parte de los fondos, apareció con cuentas y propiedades ocultas en el exterior. Pero también es verdad que otros empresarios -los más ligados al peronismo- aportaron en negro a las campañas e insistirán con que por eso entregaron el dinero a Centeno-Baratta. También está el testimonio del ex jefe de Gabinete de CFK, Juan Manuel Abal Medina, de que recibió dinero que se aplicó a las campañas electorales.
Finalmente, hay un tercer grupo de empresarios que dicen que es falso que hayan entregado dinero. El ejemplo más nítido es el de Armando Loson, dueño del Grupo Albanesi, que demostró que su nombre y la dirección de su empresa fue insertado de manera fraudulenta en los cuadernos que habría escrito Centeno. Es más, Loson probó que no estaba en Buenos Aires cuando supuestamente recibió esa visita de Centeno-Baratta. Con esa convicción, Loson y su abogado, Carlos Vela, junto con otro empresario, Gerardo Ferreyra, mandaron a hacer una pericia de los cuadernos y se concluyó que hubo numerosas alteraciones, además de una fuerte sospecha de que los cuadernos más incriminatorios fueron dictados a Centeno. O sea que hubo una maniobra política detrás.
En la resolución de la Cámara Electoral se nota cierta rispidez. Es como si le dijera a Comodoro Py “¿para qué nos mandan esto? ¿con qué pruebas sustentan esto? Nosotros hicimos auditorías, monitoreos de Internet y redes sociales, evaluamos las publicidades y no encontramos nada que vincule a Calcaterra y Sánchez Caballero con el FPV. Nosotros les pedimos que nos manden pruebas y uds no mandaron nada”.
Supuestamente todo se dirimirá en el juicio de la causa Cuadernos, que nadie sabe cuándo ni cómo se hará. Hay decenas de apelaciones planteadas ante la Corte y, al menos por ahora, el inicio de las audiencias está verde. Muy verde.
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