Facundo Jones Huala, lonko de la comunidad mapuche de Cushamen, fue trasladado a la cárcel de Rawson y permanecerá preso por, al menos, 90 días. El referente de la Lof donde desapareció Santiago Maldonado en 2017 es investigado por asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público, delitos que habría cometido al hacer declaraciones públicas en la presentación de su libro, en febrero. Los abogados de su defensa, de La Gremial, accedieron al expediente un mes después de iniciada la causa y tres días más tarde de su detención. Así determinaron, entre varias irregularidades e ilegalidades, que “Facundo fue observado y seguido ilegalmente por la policía sin orden alguna. “Fueron pisoteadas las más elementales garantías individuales, y la Fiscalía exhibió fotos de tareas de inteligencia que no fueron ordenadas”, indicaron Gustavo Franquet y Eduardo Soares a Página/12.
Los letrados también afirmaron que Jones Huala “fue detenido sin orden judicial y permaneció así unas 6 horas”, y que “la orden emanó directamente del Ministerio de Seguridad y que la policía y Fiscalía la concretaron violando todas las garantías procesales y constitucionales”. Finalmente, apuntó La Gremial, “a la noche de ese día (domingo 8) apretaron al juez para que ratifique las actuaciones ya producidas”. La defensa concluyó que “a los apurones, con una desprolijidad casi infantil llegaron a la audiencia de formulación de cargos”, y difundió el video “para que puedan verificar las aberraciones de la causa”, a cargo del juez federal Ezequiel Andreani y la fiscal Ángela Pagano Mata. Franquet agregó que su defendido está incomunicado y aislado, no está en un pabellón común sino en el área de seguridad, y su familia no puede acercarle ropa o comida.
Jones Huala fue detenido el domingo pasado en El Bolsón, durante un operativo realizado la Policía Federal. “La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad”, señaló ese día la ministra Patricia Bullrich en un posteo en X. Y agregó: “Los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten”.
La investigación se tramita en la sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, en una causa que se originó por declaraciones públicas realizadas por Jones Huala a comienzos de este año durante la presentación de su libro Entre Rejas, Antipoesía incendiaria, que reúne sus escritos de los años en que estuvo preso, tanto en Chile como en Argentina. Fue el domingo 2 de febrero en el centro cultural Aimé Painé de Bariloche, y cuatro días más tarde la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lo denunció por incitación a la violencia colectiva y apología del crimen.
“Reivindicamos los sabotajes, y yo particularmente, como miembro de una organización político militar, reivindico los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, las transnacionales, y los terratenientes, con un objetivo político”, expresó micrófono en mano Jones Huala. “Los que nos jugamos la vida durante muchos años estamos dispuestos a quemar pólvora, a largar plomo y a prender fuego a aquello que destruya a esos árboles, esos pajaritos, esas flores; eso que atenta contra la naturaleza, contra la tierra que nos heredaron nuestros antepasados y contra nuestra vida como pueblo mapuche”, agregó en alusión a la maquinaria forestal y vial, actividades combatidas por las comunidades mapuche en Chile y, en menor medida, en Argentina.
En la presentación, Jones Huala ratificó que pertenece a la “demonizada y existente” Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). También apoyó “la acción” de la “Facción Autónoma de Liberación Mapuche Puelwillimapu”, que hacía pocas semanas se había adjudicado el ataque a una estancia en cercanías de Esquel. Además de subrayar que la RAM existe y “es el sector más autonomista del movimiento mapuche”, el lonko de Cushamen afirmó que reivindica la liberación nacional “e incluso la lucha armada”. Según explicó, “eso no significa agarrar los fierros mañana, sino que todas las herramientas son válidas para la liberación de nuestro pueblo”.
Preso por expresarse
Al referirse a esas expresiones, la fiscal Pagano Mata consideró que Jones Huala “ha trascendido cualquier tipo de reclamo para comenzar un camino de violencia”. Añadió: “Más allá de la expresión de sus ideas, que son respetables, ha excedido lo lícito, lo lógico y ha transitado el camino de una convocatoria a la violencia”.
Tras la audiencia del jueves, los defensores Soares y Franquet consideraron que Jones Huala enfrenta un “proceso arbitrario con las peores presunciones”. La audiencia, que duró más de cuatro horas, incluyó la solicitud de la fiscalía de la prisión preventiva, la investigación del contenido del celular del líder mapuche y la aplicación de la duplicación de todos los plazos por la complejidad del caso. “Escuchar casi dos horas a la Fiscalía alegando sobre cuestiones que no resisten ningún análisis, un discurso paranoico propio de las épocas de la ‘seguridad nacional’, mezclado todo en un amasijo con pretensiones de pruebas, dan clara cuenta de que la fiscalía se vio obligada a improvisar, apurada por los tiempos procesales, después de que desde el Ministerio de Seguridad les marcaran la cancha mandando a detener a Facundo y exigiéndoles que lo convalidaran y lo blanquearan”, señalaron los abogados de Jones Huala. El juez determinó la prisión preventiva de Jones Huala por 90 días que pueden ser prorrogables. A su vez, le dio 180 días a la Fiscalía para concluir la investigación.
Poco antes de su detención, Jones Huala le confió al periodista Santiago Rey que quería volver al campo, a la Lof de Cushamen y allí construir su casa. Todo indica que la decisión de volver a encarcelarlo tuvo que ver con impedir que concretara ese deseo, teniendo en cuenta el seguimiento del que es objeto en forma permanente. Sin embargo, Facundo no estaba oculto sino que se dedicó a acopiar madera en un lugar público y participó de la marcha por Memoria, Verdad y Justicia el 24 de marzo en Bariloche. “No querían perderle el rastro”, dijeron sus abogados. Durante la audiencia, Soares se había burlado de la falta de eficacia de los servicios de inteligencia, al remarcar que pensaban que estaba en casa de su expareja en El Bolsón, de quien está separado hace dos años. Su intención era pasar la celebración mapuche del wüñoy tripantu (solsticio de invierno) en libertad. Otra vez, no pudo ser.
Nuevo Código, menos derechos
“Estamos prácticamente estrenando el código nuevo, al menos en la Patagonia”, dijeron desde La Gremial, porque “no se puede ni se debe considerar las leyes actuales como instancias de igualdad y equidad”, en alusión al nuevo Código Procesal Penal Federal. A criterio de la agrupación de abogades de Argentina, “es el principal instrumento para consolidar la explotación y la represión a quienes pretendan luchar”. También señalaron que “Facundo puede no ser querido e incluso resistido, pero despegarse de una situación como la que denunciamos o creer en la bondad, equidad o imparcialidad de quienes administran leyes será un error gravísimo que recién se comprobará cuando nos afecte a todos, incluso a ésta Gremial de Abogados”. Y enfatizaron que “sin pelear juntos todas las causas los mismos con quienes nos enfrentamos nos destruirán por separado”.
En tanto, María Isabel Huala reclamó que “termine la persecución”. La madre de Facundo, casi en llanto, hizo “un llamado por cualquier cosa que le pueda pasar a él, que me pueda pasar a mí o a cualquiera de mi familia”. Y además se preguntó: ¿Hasta cuándo este Gobierno, este país, va a seguir contra nosotros, los mapuches. Mataron a nuestra gente, hubo un genocidio, ¿Hasta cuándo va a seguir ésto?”.
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