El escándalo por la estafa multimillonaria con criptomonedas lanzada por el Presidente de la Nación, Javier Milei, entró de lleno en el corazón del Gobierno libertario y despertó una crisis inédita que amenaza con arruinar los planes del oficialismo en el arranque del año electoral. Milei no sólo se convirtió en blanco de críticas de miles de usuarios en todo el mundo, sino que deberá enfrentar una serie de consecuencias que van desde el deterioro de su imagen, hasta denuncias judiciales a nivel nacional e internacional pasando por pedidos de juicio político en la Cámara de Diputados. Incluso espacios denominados “dialoguistas” reclamaron que el mandatario rinda cuentas de manera urgente ante el Congreso y que intervengan organismos de control como la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). Desconcierto y silencio en Casa Rosada.
El origen
Un minuto después de las 19 del viernes, Milei disparó la estafa. A través de su cuentas verificadas de Instagram y X, con casi 6 y 4 millones de seguidores, promocionó “VivaLaLibertadProyect”, un supuesto proyecto privado para financiar emprendimientos argentinos a través de la compra de la recién creada criptomoneda $LIBRA. El Presidente fijó el posteo en sus redes y mientras miles “invertían” hizo un largo silencio. Buena parte de la tropa digital libertaria lo acompañó velozmente. Daniel Parisini, alias “Gordo Dan”, respondió el mensaje con la frase “AHÍ PONGO TODO LO QUE TENGO”. También Agustín Laje o Jorge Goristiaga (“Danaan”) alimentaron la circulación del posteo. El militante libertario Fran Fijap subió una imagen donde se veía que había comprado $LIBRAs.
Después de una vertiginosa suba, el valor de las $LIBRAs se desplomó hasta llegar casi a 0. Según especialistas en el mercado, un puñado de billeteras virtuales que habían obtenido la #LIBRA a un precio irrisorio, vendieron su parte cuando el valor se disparó. Lograron una rentabilidad de entre 70 y 100 millones de dólares en pocas horas. Ante la magnitud del escándalo, circuló la hipótesis de un hackeo a la cuenta presidencial. La diputada libertaria Lilia Lemoine se encargó de confirmar que el posteo era real y 38 minutos después de la medianoche llegó una suerte de descargo.
El Presidente aseguró que no tiene “vinculación alguna” con el emprendimiento y que lo difundió sin estar “interiorizado de los pormenores”. Sin pedir disculpas ni dar más explicaciones, cerró con su típico libreto agresivo: “a las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!”.
La versión de la falta de vinculación con el proyecto y el desconocimiento de los “pormenores” choca con un par de obstáculos. Milei había mantenido una reunión en octubre pasado con Julián Peh, cofundador de KIP Network Inc, durante la conferencia TechForum. Peh se encargó de subir una foto con Milei a sus redes y contar que hablaron sobre Inteligencia Artificial y sobre qué podía hacer su empresa en Argentina.
Disparado el escándalo, KIP primero intentó desresponsabilizar a Milei y luego desligarse de la estafa. Argumentaron que no tenían nada que ver con la criptomoneda, sino que esa era responsabilidad de otra compañía, Kelsier Ventures. En su cuenta de X, Kelsier Ventures tiene fijado un retuit a un posteo de Milei del 30 de enero de este año. “Estamos orgullosos de asesorar a @JMilei en la ejecución de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor”, comentaban. En el tuit del Presidente se lo veía en su despacho junto a un joven ignoto llamado Hayden Mark Davis, que según dijo, lo estuvo “asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país”. Es decir, Milei se había reunido en los últimos meses con los responsables de las dos empresas vinculadas a la estafa.
La reacción
En poco tiempo comenzaron a circular capturas de pantalla con varios tuits borrados. No solo del Presidente y del “brazo armado” libertario sino también de dirigentes del oficialismo como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, que habían retuiteando la estafa. Apenas unos pocos políticos salieron a defenderlo. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se tomó todo el día para pensar bien su mensaje: “El presidente @JMilei es lo mejor que le pasó al país en 100 años. Fin”, fue lo mejor que pudo hacer. Ante la falta de argumentos, la tropa digital buscó desviar la atención y confrontar con el kirchnerismo. Milei compartió frenéticamente contenidos sobre otros temas.
Esa misma noche y durante la mañana siguiente, se acumularon los cuestionamientos opositores. “Nunca en la historia se vio algo semejante. -aseguró Cristina Kirchner- Operaste como el gancho de una estafa digital”. La expresidenta subrayó que Milei infló el valor de la moneda aprovechándose de su investidura presidencial y lo llamó “incompetente”.
“Siendo candidato había hecho algo parecido y los estafadores están presos, pero esta vez Milei se aprovechó de ser Presidente para motorizar un fraude”, recordó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en referencia al caso de CoinX. Kicillof también exigió que de explicaciones “ante el país y ante la justicia”. “Tiene que quedar claro si él y su entorno están entre los estafadores. El presidente de la Argentina fue parte una estafa mundial. Es un escándalo y una vergüenza. Pero, ante todo, es un delito”, remató.
Desde el mundo sindical, tanto la CGT como las dos CTA cuestionaron al mandatario. El consejo directivo de la CGT calificó el hecho como una “grave irresponsabilidad institucional”. Reclamó que una “explicación exhaustiva y coherente” para lograr un “total esclarecimiento” de la “temeraria decisión” del presidente. “Expresamos nuestra absoluta condena de esta inadmisible e insólita conducta de quien es presidente los argentinos y argentinas”, dijeron también las centrales que conducen Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy.
Juicio político y comisión investigadora
El bloque de Diputados de UxP anunció que presentarán un pedido de juicio político ante el “escandalo sin precedentes”. Lo mismo había anunciado el socialista Estaban Paulón, del interbloque Encuentro Federal. “La gravedad del asunto amerita iniciar una investigación para determinar su responsabilidad. El ámbito natural que establece la Constitución Nacional es la comisión de juicio político”, explicó a Página/12 la diputada de UxP y extitular de esa comisión, Carolina Gaillard.
En abril del año pasado la comisión de Juicio Político quedó envuelta en un escándalo cuando, al momento de constituirse y elegir autoridades, la oposición, junto a algunos oficialistas, votaron a la libertaria Marcela Pagano como presidenta, a Paula Oliveto (CC) como vice y a Leopoldo Moreau (UxP) como secretario. Menem intentó sin éxito evitar la votación y como no pudo, nunca oficializó las autoridades.
Actualmente esa comisión está compuesta por 30 integrantes: 13 de UxP, 2 de Democracia para Siempre, 2 de Encuentro Federal, 1 de la CC. Todos estos bloques cuestionaron la actitud del Presidente. Los 13 lugares restantes se reparten entre libertarios y sus aliados más cercanos: LLA (4), PRO (5), UCR (2) Innovación Federal (1), MID (1). Pero más allá de que podría haber una mayoría a favor del juicio político, la comisión no puede reunirse por si sola, si no es convocada por su presidenta (y para eso Menem primero debería formalizar la designación de sus autoridades).
Además, Pagano fue precisamente una de las pocas voces que salió a hablar del tema. La experiodista utilizó una curiosa argumentación para sostener que no correspondía el juicio político porque el Presidente “no estaba en el ejercicio de sus funciones”. “El juicio político es una herramienta extrema y excepcional que no debe ser bastardeada para ganar títulos de diarios”, completó.
En este contexto, otros bloques ven más viable el camino de crear una comisión investigadora para recoger información y luego analizar los pasos a seguir. “Insistiremos con una Comisión Investigadora en el Congreso Nacional. Esto sin perjuicio de realizar la oportuna denuncia ante la Justicia”, aseguró Pablo Juliano, jefe del bloque Democracia Para Siempre. “Necesitamos que todos los organismos que tengan capacidad de auditar, encontrar, presionar, y el propio Gobierno digan quien le acercó esto al Presidente. Cómo mínimo una comisión investigadora y a raíz de lo que surja ver cuál es el curso, si el juicio político o no. Necesitamos saber qué es lo que pasó”, señaló el senador y presidente de la UCR, Martín Lousteau. En la misma línea se mostraron desde la Coalición Cívica. “Esto no es un simple error. Es una negligencia grave, una posible ilegalidad y una muestra de irresponsabilidad por parte de quien ocupa la máxima investidura del país. No estamos hablando de un hecho menor, sino de transacciones por miles de millones de dólares”, denunció el diputado Maximiliano Ferraro.
Denuncias judiciales
Una de las primeras denuncias judiciales que tomaron estado público fue la motorizada por Juan Grabois. El abogado y dirigente de Argentina Humana anunció el inicio de acciones legales que incluyen una denuncia penal y una acción colectiva en representación de ciudadanos que se hayan visto afectados. Llamó a cualquiera que haya sufrido esta estafa a sumarse a la acción legal. “Espero que las Banelco o las Criptomonedas no vuelvan a corromper a los que entraron al Congreso para ser opositores y no lamebotas de un gobierno-Cositorto”, cerró el dirigente de la UTEP.
Según el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, el presidente habría cometido varios delitos como “negociaciones incompatibles con la función pública”, violación a la ley de Ética Pública, el fraude informático, entre otros. En su cuenta de X, su colega Roberto Gargarella también acompañó esta interpretación.
Pero las denuncias no son solo a nivel local. El estudio estadounidense especializado en blockchain y criptomonedas, Burwick Law, convocó a cualquier persona afectada a que los contacte para iniciar una demanda.
Desde la Casa Rosada hicieron averiguaciones para establecer la estrategia judicial del Presidente, que deberá responder ante los tribunales por sus posteos. Hacia afuera, trataron de mostrarse despreocupados y adelantaron que intentarán volver a recuperar la agenda con una serie de anuncios en los próximos días.
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