El Gobierno nacional oficializó la transferencia del Establecimiento Minero Capillitas a Catamarca a través del Decreto 205/2025. Un día antes, el gobernador Raúl Jalil estuvo en la Casa Rosada. Las muestras de lealtad del catamarqueño al gobierno de Milei parecen haber dado resultados. Capillitas, conocido por sus yacimientos de rodocrosita, una piedra semipreciosa de color rosado, estuvo hasta ahora bajo administración del Estado nacional. Con este traspaso, la provincia asume el control total de su explotación. La noticia se publicó en el Boletín Oficial horas después de que los cuatro diputados que responden a Jalil —Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega— se ausentaran en una votación clave para el oficialismo que logró aprobar el nuevo endeudamiento con el FMI.
El traspaso, amparado en las facultades que la Ley Bases otorga al Ejecutivo nacional para reorganizar los entes públicos y transferir bienes a las provincias, explica por qué Jalil fue un actor clave en la aprobación de esa norma un año atrás. Durante la votación en Diputados, si bien los legisladores de Unión por la Patria rechazaron la ley en general, tres catamarqueños apoyaron el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mientras que en el Senado, Guillermo Andrada siguió el mismo camino.
El miércoles por la tarde, Jalil estuvo en la Casa Rosada junto a otros dos gobernadores: Osvaldo Jaldo de Tucumán y Gustavo Sáenz de Salta. La reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, fue oficializada por Francos a través de su cuenta en la red social X. “Repasamos las obras que hemos acordado realizar en el transcurso de este año”, decía el mensaje que acompañaba la imagen de los mandatarios junto a los funcionarios.
La publicación en el Boletín Oficial recordó otros episodios en los que el gobierno libertario atendió las necesidades de sus aliados políticos. Uno de ellos fue cuando, tras la aprobación de la Ley Bases, el presidente Milei firmó inmediatamente un DNU que creó nuevos cargos en la Comisión Técnica Mixta de la represa Salto Grande, destinados a ser repartidos entre el exsenador Edgardo Kueider —hoy detenido en Paraguay— y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio o el poder otorgado a Camau Espínola para designar a uno de los directores de Yacyretá.
En diálogo con Página/12, el gobernador Raúl Jalil descartó cualquier vínculo entre la cesión de la mina y la ausencia de los diputados en la Cámara Baja el último miércoles. “Es un reclamo de Catamarca que viene desde hace mucho tiempo. Fabricaciones Militares tenía el control y la provincia sólo operaba la rodocrosita. Incluso la exgobernadora lo reclamaba”, explicó a este diario.
Los movimientos de autonomía también llegaron al Senado esa misma tarde. Guillermo Andrada, senador que responde políticamente a Jalil, fue uno de los cuatro integrantes que conformaron el nuevo bloque “Convicción Federal”, marcando un distanciamiento con el espacio conducido por José Mayans. Consultado por la escisión, el gobernador se limitó a decir que “son asuntos internos del bloque”.
El ruido por la fractura no se disipó en las primeras 24 horas y el traspaso de la mina a Catamarca no hizo más que amplificarlo. Según pudo reconstruir este diario, las más molestas con la decisión fueron las senadoras de La Rioja y de Catamarca. Algunas voces del bloque no descartaban, hasta anoche, avanzar con un pedido de informes para conocer en detalle los alcances de la cesión del yacimiento. Además, rechazaron los argumentos de los senadores salientes, quienes justificaron su huida por “la falta de espacio para el disenso dentro del interbloque”. “El bloque está siendo más flexible que nunca. El mejor ejemplo de eso fueron las PASO, donde se dio libertad de acción para que cada provincia resolviera lo más conveniente para su distrito”, retrucaron. En Diputados recordaron cuando la catamarqueña Fernanda Avila “se quedó encerrada en su despacho” para ayudar a Milei a blindar el veto a la Ley de financiamiento universitario.
Milei sí gasta: las excepciones a la motosierra
Es sabido que un gobierno con debilidad parlamentaria necesita negociar para poder avanzar con su agenda legislativa. Lo que sorprende no es la lógica del toma y daca, sino el nivel de discrecionalidad con el que el oficialismo eligió manejarse en medio del “ajuste más grande de la historia de la humanidad” como le gusta definirlo. En un contexto de motosierra 2.0 y paralización de obras, los gestos quirúrgicos dirigidos solo hacia aliados funcionales adquieren una dimensión política mayor.
Tras la detención del senador Kuider, Cristina Fernadez de Kirchner dijo en sus redes: “Así se consiguen los votos para las leyes que perjudican a las grandes mayorías y a los intereses de la Nación; o las ausencias que impiden derogar los Decretos de Necesidad y Urgencia que condenan a millones de argentinos a la pobreza o le permiten al Ministro de Economía volver a endeudar el país. Que nadie se haga el distraído… Ni la distraída”. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.
Los antecedentes se acumulan. A los Camau y
Kuider se les suma otros con menos suerte. Es el caso de la rionegrina Mónica
Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck, habría negociado la
realización de una rotonda en Choele Choel en el marco de la Ley bases, al día
de hoy no finalizada. O la neuquina Lucila Crexell que acordó representar a la
Argentina ante la Unesco, pero la Cancillería filtró su expediente y sus planes
se derrumbaron.
Por
