“Tierra arrasada”. Así describen las y los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y los espacios de memoria, quienes llevan adelante tareas que van desde lo artístico a la preservación, pero también áreas clave para los juicios que se siguen llevando adelante, la situación actual. En la ex Esma, el Centro Cultural Haroldo Conti sufrió la situación más violenta con el anuncio de su cierre por “reestructuración” y la intimación a los trabajadores que quedan (poco menos de la mitad de la planta) a retirar sus pertenencias custodiados por personal policial y a quedarse en sus casas en “guardia pasiva”. Un detalle: nada se sabe sobre el destino de las obras que quedan “secuestradas” con el cierre, según denuncian los trabajadores. La colección permanente de artistas como León Ferrari, Luis Felipe “Yuyo” Noé y Carlos Alonso, los objetos personales del escritor Haroldo Conti, el valioso acervo de sus archivos, biblioteca y hemeroteca, o las muestras actuales como la de Argra. “El panorama es desolador, es una devastación. Nunca pensamos que iban a llegar a esto“, califica Alejandra Conti, hija de Haroldo y también artista plástica con obra donada al espacio. “No se puede simplemente anular, la obra de León tiene que estar no solo en el Conti, en todos los sitios de memoria del país a los que la donó, porque pertenece a la sociedad”, advierte Julieta Zamorano, nieta de León y fundadora de la fundación que protege su obra. “La muestra anual de fotoperiodismo, la más importante que tenemos, iba a estar hasta el 15 de febrero, quedó ahí encerrada sin que nadie nos avise ni nos de una explicación”, denuncian desde Argra.
Aunque con menos despliegue (sin rodear el lugar con policía uniformada y de civil, dar un máximo de tiempo para levantar objetos personales, impedir el acceso a las computadoras), en los otros espacios la situación también es de extrema violencia. Sobre el Archivo de la Memoria, que funciona en la ex Esma, el secretario Alberto Baños tuvo que responder ayer al juez Ariel Lijo, quien a raíz de la presentación de una cautelar le preguntó qué estaba pasando con el material que sigue siendo prueba de juicios, con el archivo de la Conadep, con el valioso Ruvte (Registro Unico de Víctimas de Terrorismo de Estado). En una brevísima respuesta, y sin dar los detalles solicitados, el secretario simplemente le asegura al juez que “en su momento se adoptaron las medidas de resguardo y protección pertinentes” y que “más allá de interesadas y amañadas versiones periodísticas, el archivo y el Rutve continúan cumpliendo con sus funciones habituales, por lo que no ha sido necesario la adopción de medidas de cuidado”. El conteo de los despedidos hace unos días en cada área, sin embargo, muestra a las claras que este cuidado y protección es imposible de aquí en adelante. Página/12 consultó sobre los motivos de la “reestructuración” del Conti y el futuro de los espacios de memoria; ni el secretario Baños ni su secretaria, Marcela Godoy (quien estuvo acompañando a los efectivos policiales y supervisando la requisa a los trabajadores) contestaron a las preguntas.
Oscuras incertezas
En los otros espacios de memoria la situación no es mejor. En el de Virrey Cevallos, en el barrio porteño de Montserrat, los siete trabajadores del espacio fueron despedidos, de modo que no se entiende cómo podría seguir funcionando normalmente, como afirma el gobierno. En una asamblea que resultó muy convocante, al punto que llevó al corte de calle, la comisión de vecinos que sostiene fuertemente al espacio trabajaba ayer en formas de visibilizar esta situación límite, pensando en una campaña que invita a involucrarse a artistas y referentes.
Sin contacto con autoridades desde el incio de esta gestión, en la ex Esma el común denominador es la falta de certezas. El Museo de la Memoria parece ser el menos golpeado del predio; infieren que su declaración como Patrimonio Mundial de la Unesco por su “valor universal excepcional” influyó en este sentido. Pero aún así hoy hay cuatro trabajadores “en el aire”, con una promesa de renovación de contrato que no se materializó.
Por trascendidos, atando cabos, aparecen algunas pistas: en las pocas entrevistas que dio a medios seleccionados, y ante requerimientos de instituciones internacionales que se vio obligado a responder, el secretario Baños ha hablado de “transversalización de los derechos humanos“, ha pedido que la ex Esma se enfoque menos en la memoria de la última dictadura y “amplíe sus temas” (algo que, en rigor, es lo que ocurre desde siempre, ya que de ningún modo este es el único tema de espacios como el Conti, la casa por la identidad de Abuelas o el ECuNHi, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que en este último caso sobrevive de modo completamente autogestivo).
Otro rumor circula en el predio: la decisión de mudar por completo lo que queda del Ministerio de Justicia (también víctima del desguace) a la ex Esma, un modo de ahorrar gastos de alquiler, para lo cual previamente habrá que vaciar espacios de su actual uso, establecido por ley. El pabellón “Ricardo Alfonsín”, inaugurado por Germán Garavano durante el macrismo para este fin, no sería en este nuevo esquema el único destinado al ministerio. Un uso inmobiliario antecedido por la arenga del ministro Mariano Cúneo Libarona celebrando los despidos y la rebaja a la mitad de lo que cobran los trabajadores que quedan, al quitárseles ítems de incentivos que forman parte del salario: “No les dejamos ni un solo kiosco a los que curran con los derechos humanos”.
Arte cerrado
“En el Conti hay una de las obras del Nunca Más de León, que es clave en su obra. Esa serie se originó como una investigación de imágenes a pedido de Página/12 para ilustrar el informe de la Conadep. Y León, que tardó muchísimo en volver del exilio, recién en el 91, y que decía que no encontraba palabras para hablar de lo que había pasado con su hijo desaparecido y con el país, con ese pedido pudo hacer catarsis. Ahí fue cuando pudo expresarse, fue su manera de describir el horror. El quiso que esa obra esté en diferentes sitios de memoria, como también está en Barcelona, Londres y Nueva York, él tenía muy clara su función social”, cuenta Zamorano, la nieta de Ferrari. “Quiero creer que nadie se va a atrever a tomar la decisión de pedirnos que retiremos esas obras. Y si siguen allí, es para que sean vistas, no se puede simplemente anular el espacio”, reflexiona. Agrega que el Conti es un lugar muy emblemático porque la última obra del artista, Taller Ferrari, se hizo allí y fue inaugurada el 24 de marzo de 2013, unos meses antes de su muerte, en julio de ese año.
“En el Conti está la máquina de escribir de mi viejo, libros, manuscritos, parte de una filmación de una salida al zoológico conmigo. Cuando en 2014 rectificaron su legajo docente, porque decía ‘abandono de cargo’ y pasó a decir ‘desaparición forzada’, la familia quiso que también quedara ahí. Y como artista, es muy importante tener una obra donada a este espacio. Todo eso es patrimonio de todos, y creo que acá hay un plan bastante calculado. Me gustaría tener un mensaje más alentador, pero no puedo falsear lo que está pasando”, lamenta Alejandra Conti.
Kilómetros de memoria
“En Educación queda una sola persona para guiar las visitas; en mi área, Estudios de Memoria y Proyectos Culturales, quedo solo yo de 7; en técnica quedan 8 de 2, y así todas las áreas. Es un claro vaciamiento y se va agudizar, porque los que quedamos, tenemos el salario reducido a poco más de la mitad. No es sostenible tampoco”, enumera Matías Cerezo, trabajador del Conti.
En el Archivo de la Memoria sacaron la cuenta de que con todo el trabajo hecho hasta el momento se podrían cubrir 5 kilómetros lineales de extensión. Ese largo camino de años hoy está en peligro cierto: quedó una sola persona a cargo de la conservación de esos “5 kilómetros” de documentos ubicados en 13 depósitos.
Además, no quedó nadie para la atención de la sala de consultas. Más de la mitad del área de investigaciones históricas fue despedida, lo que afecta tanto a las investigaciones como las respuestas a oficios judiciales de los juicios de lesa. Para dar respuestas a esos oficios judiciales y antecedentes de crímenes de lesa humanidad, quedó una sola persona. En digitalización quedaron dos personas, en la gestión de fondos fotográficos y audiovisuales quedó menos de la mitad del área. En el Registro Unico de Víctimas del Terrorismo de Estado, el Ruvte, quedaron solo tres personas para las investigaciones de víctimas y Centros clandestinos de detención y para la actualización de legajos de la conadep.
El secretario Baños acaba de responderle a la Justicia que todo está en orden, según lo calculado.
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