La decisión del gobierno de Javier Milei de vender una porción de Campo de Mayo se topó con un rechazo judicial. Después de presentaciones de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y del abogado querellante Pablo Llonto contra la enajenación del área conocida como Puerta 8, la jueza federal de San Martín le envió una notificación urgente al Poder Ejecutivo informándole que ese lugar no se puede tocar porque tiene una medida cautelar, ya que se supone que habría funcionado como centro clandestino de detención y podría haber sido usado como zona de enterramiento.
A través del decreto 950 del 24 de octubre pasado, el Presidente habilitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer, enajenar y transferir 309 inmuebles en poder del Estado nacional. También resucitó varios decretos de Mauricio Macri que tenían ese mismo espíritu. Dentro de esos terrenos ya se había detectado que estaba La Perla Chica en Córdoba, que funcionó como anexo de La Perla, el mayor campo de concentración del interior del país.
La dirección de Sitios y Espacios de Memoria de la provincia de Buenos Aires –que está a cargo de Lorena Battistiol Colayago– advirtió que el terreno que figuraba en el anexo como ubicado en la zona de Remedios de Escalada, partido de Tres de Febrero, correspondía, en realidad, a una porción de la guarnición de Campo de Mayo.
Campo de Mayo es un territorio casi inabarcable. Está compuesto por más de 5000 hectáreas. Durante la dictadura, hubo distintos centros clandestinos de detención a su interior: el Campito, Las Casitas, la Prisión de Encausados y el Hospital Militar –que, además, funcionó como maternidad clandestina.
El 19 de diciembre pasado, la jueza Vence dictó una medida de no innovar sobre el área de Puerta 8, uno de los ingresos a la guarnición. “Existen elementos que me hacen pensar que ese lugar demolido podría haber funcionado como centro clandestino de detención y que allí podría haberse llevado a cabo enterramientos”, escribió entonces la magistrada.
En Puerta 8 estaba ubicado el Destacamento de Comunicaciones de Campo de Mayo. Era una edificación blanca con tejas rojas y persianas verdes. La información surgió a partir de una declaración anónima que recibió la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación mientras estaba en manos de Horacio Pietragalla Corti. La persona que testificó dijo que en ese lugar hubo personas secuestradas y que se sacaron cuerpos para ser escondidos en otro lugar.
La edificación ya no existe. Todo indica que se demolió después de 1997. Para entonces, fue detenido el teniente coronel Herman Antonio Tetzlaff, que había estado a cargo del Destacamento de Comunicaciones.
Tetzlaff fue el militar que se apropió de Victoria Montenegro, a quien anotó como su segunda hija. También robó a Pietragalla Corti. Durante la dictadura, Tetzlaff estuvo destinado en Campo de Mayo, Villa Martelli y City Bell. En un reclamo administrativo, se jactó de haber sido responsable de 1017 operativos contra las “bandas de delincuentes terroristas”. El vínculo de Tetzlaff con la represión de Campo de Mayo no estaba muy oculto: tenía una quinta a la que llamaba El Campito. La custodiaban unos ovejeros que Tetzlaff había llevado desde la guarnición militar.
Después de analizar el decreto 950, la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense –encabezada por Verónica Bogliano–, se presentó en el juzgado de Vence para advertir que se estaría violando la orden que prohibía modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios en el área de Puerta 8. Lo mismo hizo Pablo Llonto, que, en diálogo con este diario, hizo notar que el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, había celebrado el decreto de Milei. Es que desde 2017 Valenzuela viene en tratativas con la AABE para que le ceda una porción de Campo de Mayo para montar un parque industrial.
Los planes, por el momento, deberán quedar en suspenso. Tras las presentaciones de la subsecretaría bonaerense y de Llonto, la jueza Vence decidió notificar de manera urgente a la AABE de la medida que rige sobre el área. Lo mismo hizo con el Ministerio de Defensa, que conduce Luis Petri.
Petri dio el visto bueno para que Campo de Mayo sea sede este fin de semana de un evento que organiza Bersa, la compañía de armas. Si se adquieren las entradas por 30 mil pesos, los visitantes hasta podrán dar una vuelta en tanque –como lo hicieron Milei y Victoria Villarruel en el desfile del 9 de julio. También se promociona una charla con integrantes del buró federal de investigaciones (FBI) de los Estados Unidos.
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