El médico psiquiatra Enrique Stola concurrió a la justicia para que se investiguen las “gravísimas imputaciones públicas” realizadas por la abogada Patricia Anzoátegui en un programa de televisión del canal La Nación+ el 29 de julio último.
Entrevistada por Esteban Trebuq, la abogada que milita contra los derechos de niñas y niños que sufrieron abuso sexual acusó a Stola de haber sido perito de parte de Jorge Corsi, psicólogo que lideraba una red de pedofilia, y también de formar parte de “una red que realiza denuncias falsas por dinero”.
Stola tiene una amplia trayectoria nacional e internacional en defensa de los derechos humanos y de víctimas de violencias sexuales. “Esta avanzada es parte del ataque a los feminismos y a todos los derechos que se pudieron institucionalizar, y que no los vamos a perder porque esta gente los vulnere”, indicó el profesional, que es patrocinado por la presidenta de la Red Viva, la abogada Sara Barni.
La denuncia quedó registrada como causa 39449/2025, con intervención de la fiscalía número 51, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n°21. “Decidí denunciar porque está diciendo una mentira tras otra, y esto afecta la credibilidad sobre todas y todos los profesionales que trabajamos en nuestro país con las víctimas de agresiones sexuales y de violencia de género”, dijo Stola a Página12.
“Lo que se está haciendo es proteger a progenitores incestuosos y encubrir el incesto paterno filial. Y es una política de Estado“, siguió el médico psiquiatra, quien lamentó: “Somos muy pocos quienes trabajamos asistiendo a las víctimas, y estos ataques apuntan a que nadie quiera trabajar con víctimas. Ya hay muy pocos psiquiatras que lo hacen y cada vez menos psicólogos y psicólogas”.
Stola desmiente rotundamente haber sido perito de parte de Jorge Corsi, un psicólogo que había ganado prestigio como especialista en violencia familiar y fue condenado en 2012 por promoción para la corrupción de menores, en perjuicio de un chico de 13 años. “Jamás actué como perito de parte de Corsi”, dice en la denuncia penal que presentó.
Y, en diálogo con este diario, también aclara que no tuvo ninguna actuación judicial en la causa de Thelma Fardin contra Juan Darthes por abuso sexual.
En cambio, Stola sí fue terapeuta de Gabriel, una de las víctimas del sacerdote Julio Grassi, condenado en 2009 a 15 años de prisión por abuso sexual contra niños. Lo que Stola sí hizo fue luchar para que se respetaran los derechos del joven violentado. Es, además, una referencia internacional sobre violencia machista.
Es por eso que le pide a la Justicia que investigue las infundadas acusaciones. “Pido que el Ministerio Público investigue esas imputaciones para que quede acreditado que carecen de sustento y, así, se preserve mi derecho a la defensa y mi honor profesional”, dice la denuncia presentada por Stola.
“Desde que se me atribuyó públicamente ‘integrar una red que fabrica denuncias falsas’ y ‘haber sido perito de parte de Corsi’, quedé colocado en la situación de imputado público”, argumenta Stola.
Anzoategui es directora jurídica del Observatorio de falsas denuncias y se dedica a difamar a todas las personas que acompañan profesionalmente a víctimas de abusos sexual contra las infancias y a sus familias protectoras. El objetivo es claro: instalar que todas las causas por abuso sexual en la infancia son inventadas, desproteger a las víctimas, encubrir a victimarios, y amedrentar a profesionales que acompañan estos procesos.
“Esta denuncia no solo busca reparar el daño causado a su reputación, sino también preservar los principios elementales del Estado de Derecho: ninguna persona debe ser públicamente acusada de delitos sin que se activen las garantías del debido proceso”, considera la presentación realizada por Stola.
La presentación se encuentra acompañada de prueba documental y audiovisual y Stola se ha reservado el derecho a constituirse como querellante particular, así como ejercer todas las acciones legales que correspondan.
Stola considera que las declaraciones de Anzoátegui –una de las impulsoras del proyecto de ley que protege a abusadores— es parte de un ataque contra los feminismos y especialmente contra los derechos de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencias.
Y ese ataque es “una política de Estado”. “Este señor que ocupa la presidencia no quiere destruir el Estado, lo que quiere es destruir todo aquello que tenga que ver con ejercicio de derechos por parte del pueblo y quiere mantener ese espacio del Estado que le permita tener un estado represivo, para que los capitales y los ricos puedan tener total libertad”, considera.
Fuente: Pagina12
