Desde hace ya tres años, un proyecto de ley sigue un arduo derrotero para convertirse en tal. Tiene el voto positivo de todas las fuerzas en cada una de las instancias que va pasando, pero la dinámica que hoy atraviesa al poder legislativo podría hacerla caer, con un Senado virtualmente paralizado. Tras ser aprobada por unanimidad el año pasado en Diputados y obtener dictamen favorable, también de manera unánime, este año en Senadores, la Ley de Seguridad del Paciente o “Ley Nicolás”, como se la conoce, podría perder estado parlamentario si, como muchos temen, el Senado no sesiona en lo que resta del año. Al frente de la batalla por esta ley y al frente de la asociación civil “Por la vida y la salud, por vos, por mí y por todos” está Gabriela Covelli, la mamá de Nicolás Deanna, fallecido por mala praxis médica en 2017. Así como se ocupó de llegar personalmente a cada uno de los presidentes de bloque, y de crear conciencia de mil y una maneras en todos estos años, ahora jura que los familiares que conforman la ONG no están dispuestos a tirar por la borda el trabajo de todos estos años. Porque la ley, razona, fue presentada, trabajada, mejorada y consensuada, por años. Solo resta votarla.
“A las familias que conforman la ONG nos une un dolor común, el de haber perdido lo más amado asistiendo al sistema de salud. No es esta una problemática sólo de Argentina, sino mundial, y por eso desde la Organización Mundial de la Salud desde el año 2019 se instauró la conmemoración y concientización cada 17 de septiembre del Día Mundial de la Seguridad del Paciente”, explica Covelli. Este año, de hecho, el Congreso lució ese día iluminado de naranja (el color de esta concientización), lo mismo que muchos edificios de la provincia de Buenos Aires desde el año pasado, cuando adhirió por ley.
La ley propone entre otras cosas la informatización de las historias clínicas de todo el país, la formación y verificaciones periódicas de la aptitud profesional de los equipos de salud,la obligación de reportar los errores médicos en el sistema SISA (que centraliza el Ministerio de Salud), y sobre todo un registro unificado de sanciones e inhabilitaciones, para evitar situaciones tristemente repetidas, como que un profesional de la salud con probada mala praxis pueda simplemente cambiar de jurisdicción y seguir ejerciendo.
El mayor logro de la ley, evalúa Covelli, fue haber logrado unir a pacientes y profesionales de la salud en esta misma lucha, y también a los diputados, de todas las fuerzas políticas. Al punto que, tras ser impulsada principalmente por los diputados Fabio Quetglas (UCR) y Mónica Macha (Unión por la Patria), logró la media sanción el año pasado, también al filo de perder estado parlamentario, excepcionalmente incluida en la última sesión del 7 de diciembre, destinada al cambio de autoridades.
“Llegamos al Senado y las comisiones no estaban conformadas, se formaron recién en septiembre después de batallar un montón. Dedicamos este año a tratar de que se conformen estas comisiones, y cuando lo logramos, llegamos a todos los senadores y presidentes de bloque, hasta lograr el tratamiento, que con muchísima buena voluntad y humanidad se logró en el plenario de comisiones”, relata el derrotero Covelli. La Ley Nicolás fue girada a Comisión de Salud (presidida por Lucía Corpacchi y Carlos Arce) y Comisión Legislativa (presidida por Bartolomé Abdala); allí obtuvo dictamen unánime. Resta lo principal: que Victoria Villarruel ponga fecha de sesión y que se incluya el tratamiento de esta ley en el temario.
“Entiendo que la premisa de este gobierno es evitar cualquier gasto extra, pues bien, esta ley no necesita de presupuesto, porque se sostiene con sistemas que ya existen, como el SISA, el Sistema Integrado de Información Sanitaria, los colegios de médicos y los ministerios de Salud. De lo que se trata es de garantizar ‘el buen funcionamiento y el máximo control’ de los sistemas que ya existen”, razona Covelli.
“Si tenemos que ser austeros, comencemos por no tirar por la borda el tiempo y el esfuerzo de todos los ciudadanos y autoridades que durante tres años trabajaron en esta ley. Si tenemos que ser democráticos, me resulta incomprensible que no se trate una ley que ya fue votada por unanimidad, que logró reunir voluntades de todos los bloques”, apunta también. Y repasando tantas conferencias, seminarios y jornadas en las que la ONG dio testimonio, recuerda que “la Ley Nicolás sería el ejemplo para toda Latinoamérica, que nos mira con el deseo de lograr esta sanción para poder tener una ley similar en cada uno de sus países”.
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