Los pocos represores que aún están presos quieren festejar fin de año en sus casas. Y parece que han encontrado un aliado clave en su cruzada por la libertad: la Cámara del Crimen, que viene manteniendo a flote un hábeas corpus que presentaron las organizaciones que defienden a los criminales de lesa humanidad.
Diez organizaciones que se definen como de “memoria completa” eligieron una jurisdicción a gusto y piacere, y allí fueron a decir que las condiciones de detención de los represores se agravaron porque, a su criterio, no se respeta la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que insta a buscar medidas alternativas a la prisión para este grupo etario.
La jurisdicción elegida fue la de la justicia nacional ordinaria –que tiene competencia en la Ciudad de Buenos Aires, donde no hay ni un solo preso por lesa humanidad–. Estos grupos –encabezados por la asociación Justicia y Concordia, que nuclea a abogados que intervienen como defensores en procesos de lesa humanidad o que sienten afinidad con la causa– no fueron a la justicia federal, donde tramitan las causas por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado. Justificaron su elección: dijeron que los jueces federales tienen un comportamiento “omisivo” frente a la situación de los detenidos de lesa humanidad. Los datos los contradicen porque el 80 por ciento de los genocidas están en sus casas por decisión de la justicia federal.
El hábeas corpus quedó en manos del juez Martín Yadarola, que inicialmente lo rechazó. La Cámara del Crimen, con los votos de Magdalena Laiño y Rodolfo Pociello Argerich, revocó su fallo y le ordenó reunir información sobre los sujetos del hábeas corpus. También le dijo al juez Yadarola que debería realizar una audiencia. Esa orden fue música para los oídos de los criminales de lesa humanidad, que ni lerdos ni perezosos mandaron a sus abogados a avisar que querían hacerse oír en esa instancia.
Los letrados que impulsan el hábeas corpus son Guillermo Fanego, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean. Tanto Olea como Saint Jean vienen con una actividad frenética en los últimos doce meses: intentaron una maniobra en la Cámara Federal de Casación para abrir la puerta de la domiciliaria para los represores y compartían los chats con los diputados oficialistas que fueron a fotografiarse con Alfredo Astiz y compañía.
Éste fue el primer fallo favorable de la Cámara del Crimen, pero no sería el último. Yadarola reunió información sobre 85 represores. En un fallo que firmó este jueves, volvió a hablar de un grupo heterogéneo: dijo que había gente que ya estaba en domiciliaria o que tenía este beneficio concedido; mencionó un caso en el que se la habían revocado porque se instruía una investigación por abuso sexual; habló de otro represor cuya esposa e hijo no querían funcionar como garantes y ejemplificó con el cura Christian Von Wernich, que desistió de la libertad condicional después de que la Iglesia rechazara recibirlo en un hogar para sacerdotes en el barrio de Flores.
El juez afirmó que él no era material ni territorialmente competente para entender en esta causa. De acuerdo con su interpretación, el hábeas corpus debía tramitar en la justicia federal con jurisdicción en las cárceles donde los represores están alojados. Por ejemplo, el juzgado federal de Lomas de Zamora debería examinar la situación de los detenidos en el penal de Ezeiza o el juzgado federal de San Martín debería hacer lo propio con quienes están alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Después de firmar la resolución, Yadarola la elevó en consulta a la Cámara del Crimen. La sala sorteada fue la 4, que está integrada por Hernán López, Julio Lucini e Ignacio Rodríguez Varela. Este último es hijo de Alberto Rodríguez Varela, ministro de Justicia durante la última dictadura y abogado del dictador Jorge Rafael Videla.
En un movimiento récord, López revocó la decisión de Yadarola en poco más de una hora. Según el camarista, el juez no había cumplido con lo que habían dicho Laiño y Pociello Argerich, que debía sustanciar una audiencia –que es el escenario que buscan los criminales de lesa humanidad para presentarse como víctimas del proceso de justicia.
Yadarola deberá en los próximos días fijar fecha para la audiencia. La Cámara del Crimen ya dijo que tiene que invitar al Servicio Penitenciario Federal (SPF) y al área de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad –que dependen de Patricia Bullrich. Durante la campaña, Carlos Manfroni, su jefe de gabinete, había publicado que los equipos de Bullrich trabajaban en una “solución” para que no haya mayores de 70 años detenidos por lesa humanidad. El ministerio tendrá su oportunidad de oro para demostrar si efectivamente encontró su “solución”. Todo gracias a una Cámara que no es competente ni material ni territorialmente.
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