Gendarmería Nacional no le envió todavía a la jueza María Servini el legajo del cabo Héctor Guerrero, imputado como autor del disparo de un cartucho de gas lacrimógeno que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte. El juzgado se lo había pedido el 28 de marzo y le dio un plazo de 48 horas para responder, pero como queda a la vista ya pasó casi un mes. La magistrada reiteró este martes ese pedido en una nueva tanda de medidas de prueba, hizo lugar a algunas solicitadas por la querella de la familia pero excluyó requerimientos claves como los que apuntan a establecer las más altas responsabilidades sobre el operativo represivo en la movilización de los jubilados del 12 de marzo. El expediente marcha tan lento que recién este martes fue aceptada como querellante Beatriz Blanco, la jubilada que fue agredida al menos por un agente de la Policía Federal, que la golpeó con una tonfa, la empujó y provocó su caída. Por si faltaba algo, acto seguido la gasearon.
Un mes para ser querellante
Blanco fue a dar su testimonio este lunes a Comodoro Py y describió la escena en la que fue reprimida de la nada. Sus abogados son Daniel Llermanos y Adrián Albor. Ella cree que el golpe que tuvo en la cabeza se lo produjo el bastón policial. Estaba en estado de conmoción y hay detalles que no recuerda con nitidez. Estima que el mismo agente que la golpeó es el que le tiró gas pimienta. Contó que sentía que se iba a morir. Después estuvo en observación en el Hospital Argerich. La agresión brutal contra la mujer fue registrada por cámaras de televisión y desde un comienzo se supo que el responsable era un integrante de la Policía Federal. Pese a eso, como reveló este diario, el acta que labró por las lesiones el comisario Romualdo Coronel simplemente decía que había una mujer de 87 años tendida en el piso con un corte en el cráneo. Ante un delito en flagrancia, la policía tiene que dejar asentados quiénes son los posibles responsables y recolectar evidencias. Nada de eso sucedió.
La jueza le pidió al jefe de la Policía Federal, Luis Alejandro Rollé, que le envíe la nómina de todo el personal que estaba afectado al operativo y, puntualmente, si están identificados los policías que se encontraban en en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, donde Blanco dijo que fue golpeada. ¿Hubo algún sumario interno por el ataque a esta mujer? La jueza requiere saber, además, “qué personal utilizó lanzadores de gas pimienta en esa fecha…” y cuál es el “procedimiento/protocolo a aplicarse para” su utilización y qué normas específicas regulan su uso. Al SAME le solicita la planilla de la atención médica que la jubilada recibió y todos los profesionales que la atendieron.
Pablo Grillo y las pruebas en riesgo
El inicio de la investigación sobre el disparo a Pablo Grillo de por sí se demoró por las peleas de competencia entre jueces, hasta que la Cámara Federal definió que se quedara con esta y los otras causas sobre hechos del mismo día la jueza Servini. El 28 de marzo, el juzgado dispuso las primeras medidas. Para ese entonces, el colectivo Mapa de la Policía ya había identificado al gendarme que disparó a través de imágenes. El fotógrafo Kaolian Santos Cabrera, que había tomado una imagen clave que permitió visualizar la chapa con el nombre del cabo, fue despedido a principio de mes de la Secretaría de Cultura, donde trabajaba desde 2012. Diez días atrás envió sus imágenes al juzgado. Tanto en las fotos de Santos como en otras imágenes y videos se advierte que Guerrero disparó, contra todos los protocolos y recomendaciones internacionales sobre uso de gases antidisturbios en forma horizontal, que es el modo en que estas armas pueden volverse letales.
Pese al pedido de fines de marzo, Gendarmería no mandó nunca a la jueza el legajo de Guerrero, quien presentó como defensores a dos letrados vinculados a la fuerza y al Ministerio de Seguridad, Martín Sarubbi y Claudio Nuncija. Su designación hace suponer que defenderán a capa y espada el operativo represivo. Este miércoles la jueza reiteró el pedido de esa documentación (con un plazo de 48 horas) así como las actuaciones administrativas que se habrían iniciado contra el cabo el 18 de marzo .
Al jefe de Gendarmería le pidió que informe todo el personal que estuvo en el operativo y quiénes estaban a cargo, que especifique “qué personal (nombre, apellido, DNI y cargo) utilizó lanzadores de gases lacrimógenos en esa fecha…” Solicitó, igual que a la PFA por Beatriz Blanco, que le remitan el protocolo para utilizarlos, las reglas de uso e implementación. Quiere incluso “el listado o nómina del armamento del que fuera dotado el personal interviniente” el 12 de marzo con el detalle del “tipo de armas, munición utilizada, indicándose el modelo y número de serie”. Pidió identificar particularmente a un gendarme que tenía en el casco la inscripción “Picha”, y al SAME que remita la planilla de atención médica a Grillo y los detalles de quiénes participaron. Por último, le encomendó al Cuerpo Médico Forense que estudie la historia clínica de Pablo y que si es necesario lo examine en el Hospital Ramos Mejía. El joven sigue, estable, en terapia intensiva.
La querella de la familia, que es representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, advirtió que hay una serie de medidas que pidieron a las que Servini no hizo lugar y algunas podrían perderse. “Faltan medidas fundamentales que pedimos, relacionadas con las responsabilidades hacia arriba. Cómo se diseñó el operativo de seguridad, quiénes se encontraban en la sala de situación de la Dirección General de Operaciones. Nos importa mucho saber quiénes estaban ahí presentes dando órdenes, mirando lo que estaba pasando”, explica la abogada Claudia Cesaroni. “Los audios, los crudos de las modulaciones radiales que se produjo entre el personal de la fuerza de seguridad que estaban en la calle y los funcionarios que estaban en la sala de situación y el personal además que estaba en los alrededores del Congreso. Qué se comunicaban y qué dijeron durante todo el transcurso de esa tarde, las directivas impartidas verbales y por escrito antes durante y después”, especifica. Y advierte que también habían solicitado filmaciones de las fuerzas: “La propia fuerza informó al juzgado en otra causa que esos registros se eliminan a los 60 días de cada operativo. Ya llevamos 40”.
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