El juez federal de Córdoba Alejandro Sánchez Freytes dictó una medida de no innovar –como había reclamado la fiscalía– para evitar que el gobierno avance con la venta de los terrenos donde está ubicada La Perla chica, que funcionó como centro clandestino durante la última dictadura.
Javier Milei autorizó, a través del decreto 950, a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer, enajenar o transferir 309 inmuebles. Dentro de esos terrenos está un predio de Malagueño, Córdoba, donde está emplazada La Perla chica, una construcción que sirvió de anexo a La Perla –el mayor campo de concentración del interior del país.
El viernes, la fiscalía –integrada por Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo– hizo una presentación ante el juzgado de Sánchez Freytes para evitar que el lugar sea puesto en riesgo. “Es necesario preservar dicho sitio pues a la fecha hay delitos de lesa humanidad en plena investigación que están directamente relacionados con el mismo”, señalaron.
La unidad fiscal recordó que La Perla chica fue señalizada como sitio de memoria en noviembre de 2023, por lo que se encuentra alcanzado por la Ley 26.691 –que establece que los lugares donde se cometieron crímenes aberrantes deben ser preservados para investigaciones judiciales y para la memoria de lo acontecido.
La Perla chica no es el único caso de un centro clandestino que fue puesto en la lista de inmuebles para vender de la administración libertaria. La subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense advirtió que el gobierno nacional también quiere vender una porción de Campo de Mayo, más particularmente la conocida como Puerta 8. En ese lugar habría funcionado un lugar donde hubo personas secuestradas y podría ser una zona de enterramientos. Tanto la subsecretaría como el abogado querellante Pablo Llonto pidieron a la jueza federal de San Martín Alicia Vence que impida que el Poder Ejecutivo siga adelante con su plan. La magistrada ya había dictado en diciembre pasado una medida de no innovar para ese área de Campo de Mayo.
En agosto pasado, la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal –en cabeza de Mariano Borinsky– exhortó a los tribunales que intervienen en causas de lesa humanidad a preservar la prueba de los procesos y los lugares donde se cometieron los crímenes. Fue después de que su colega Alejandro Slokar, a cargo de la comisión de Crímenes Contra la Humanidad del máximo tribunal penal, realizara un informe en el que recogía la preocupación de víctimas y querellantes por las políticas de verdad y justicia en la era Milei.
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