La rebelión de las provincias sacudió a la Casa Rosada, que intenta simular el temblor con una estrategia impensada para la virulencia de Javier Milei: ahora evita confrontar abiertamente con los gobernadores y hace circular la versión de una nueva convocatoria. El Gobierno busca un canal de diálogo y así lograr un acuerdo después de que, cansados de no conseguir respuesta a sus reclamos, los 23 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño presentaran en conjunto dos proyectos en el Senado para establecer por ley la distribución equitativa del Impuesto a los Combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que el gobierno central recauda y no reparte. Pero hay una preocupación adicional para el oficialismo: frenar la embestida opositora en el Congreso que avanza con los proyectos de jubilaciones, discapacidad, Hospital Garrahan y universidades. Si las negociaciones no prosperan, Milei buscará romper el frente común para tratar de blindar su veto a las leyes que lo incomodan y que, por ahora, no tiene garantizado.
“Diálogo”
Acostumbrado al toma y daca individual con los mandatarios “dialoguistas”, el Gobierno ninguneó los reclamos que empezaban a unificar a gobernadores de diferentes signos políticos y niveles de cercanía con la Casa Rosada. También subestimó la reunión que convocó en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a las 23 provincias y la CABA en busca de un reclamo común, aunque le abrió los despachos de la Casa Rosada a una delegación de los mandatarios para una negociación que no prosperó.
Luego envió un negociador a nuevo encuentro de los gobernadores en el CFI, que solo prometió analizar la viabilidad de los pedidos. Sin respuesta y con la palabra del Gobierno devaluada por promesas incumplidas, los mandatarios decidieron avanzar con una propuesta común. Presentaron en el Senado dos proyectos de ley para modificar el esquema de distribución de los recursos del impuesto a los combustibles y los ATN, que rápidamente cosechó el apoyo de las principales bancadas (opositoras y dialoguistas), que auguran una derrota aplastante para el Gobierno y difícil de revertir, incluso en la Cámara baja.
Los proyectos expresan el acuerdo mínimo que no pone en riesgo los objetivos macro económicos a los que aspira la administración libertaria. Aunque para muchos distritos, la garantía del reparto representa una porción importante de los recursos económicos que Milei no distribuye a las provincias.
Contrario a sus reacciones, el Gobierno decidió no salir a blasfemar contra los gobernadores ante una situación inédita: es la primera vez desde que llegó a la Casa Rosada que Milei enfrenta la rebelión de todos los distritos del país. Para intentar apaciguar los ánimos, desde el Gobierno dejan trascender que después del feriado del 9 de julio abrirán una instancia de negociación. En tanto, sus operadores libertarios no escatiman llamados a los mandatarios más cercanos para tratar de apartarlos del reclamo unificado.
Congreso y elecciones
Pero la principal preocupación del Gobierno va más allá. Hasta ahora contó con el aporte de algunos mandatarios provinciales para ralear el quórum en ambas Cámaras y así frenar o rechazar proyectos opositores. Incluso, para blindar sus vetos a las leyes de financiamiento universitario y aumento de las jubilaciones. Sin embargo, ve como el conglomerado opositor, aun con dificultades, avanza con iniciativas de fuerte impacto social sin que los libertarios y sus socios políticos alcancen para bloquearlo.
Diputados dio media sanción a la recomposición parcial de los haberes jubilatorios, a la continuidad de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, que el Gobierno rechaza. Y volvió a emplazar para que la Cámara baja aborde el tratamiento para garantizar el financiamiento a las Universidades Nacionales y declarar la emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Gobierno nacional con los médicos, residentes y trabajadores del Hospital Garrahan, que el libertario José Luis Espert frenaba en la comisión de Presupuesto.
En el Senado, los opositores lograron abrirse paso y le dieron dictamen a las medias sanciones de Diputados por jubilaciones, moratoria y discapacidad, pese al intento del oficialismo y sus aliados más íntimos de cerrarle el tratamiento en comisiones. Esta semana que comienza podrían llegar al recinto de la Cámara alta para convertirse en leyes. Además del respaldo que rápidamente brindaron los bloques mayoritarios (Unión por la Patria, UCR, PRO y partidos provinciales) a los proyectos que enviaron los gobernadores. Todas estas bancadas reúnen a 60 de los 72 senadores que integran la Cámara alta, superando ampliamente los dos tercios (48) necesarios para resistir otro intento de veto presidencial. Y a los que también se sumarían otros senadores que responden a oficialismos provinciales, donde sus respectivos gobernadores avalaron las iniciativas.
Contra las cuerdas, Milei necesita urgente arribar a un acuerdo con los gobernadores o al menos romper la unidad que alcanzaron las provincias en sus demandas para tratar de frenar el avance opositor en el Congreso. Aunque el Presidente nunca se mostró generoso a la hora de repartir los recursos económicos que su gobierno concentra y cuya escasez distributiva asfixia a las provincias.
Tampoco descarta echar mano –con los riesgos que ello significa– a la carta electoral: buscando tejer alianzas con los gobiernos provinciales más afines con miras a las elecciones de octubre, que algunos gobernadores anhelan y que la estrategia libertaria retacea para fortelecerse en sus propios distritos. Un juego de ajedrez, donde los opositores también mueven.
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