El exjugador de San Lorenzo Néstor Ortigoza fue denunciado por su exmujer Lucila Cassiau por haber violado la restricción perimetral, establecida por la Justicia, en el marco de la denuncia por “daños, lesiones y amenazas en contexto de violencia de género”. La mujer pidió la detención del exfutbolista y aseguró que teme por su vida y la de sus hijos.
“Tengo miedo, me apuñalaron las ruedas del auto. El otro día salí y tenía una puñalada en el auto. El miedo es real, está acá”, relató Cassiau. Y agregó: “Estoy pasando el peor momento de mi vida, estoy muerta en vida, no tienen idea de lo que estoy pasando”.
A través de los abogados que la representan, la mujer solicitó la detención del exmediocampista del club de Boedo por su incumplimiento de la restricción perimetral. Esta medida había sido establecida por el Juzgado de Familia N° 6 de Lomas de Zamora, luego de que se difundieron las grabaciones en las que se lo ve a Ortigoza agrediéndola ante la presencia de uno de sus hijos.
Cassiau relató que teme no solo por su vida, sino también por la de sus cuatro hijos porque Ortigoza, dijo, “es un psicópata”: “A la noche prendo las alarmas. Tengo miedo, pánico. Es un psicópata. Puede pasar cualquier cosa. Que vaya a un tratamiento, que se cure, que priorice a los hijos. Que deje de arruinar la vida a sus cuatro hijos”.
“Tengo el botón antipánico, restricción perimetral de seis meses. Pero es una persona que no acata una orden. Nada lo frena“, agregó.
Tras la difusión de los videos, el club de Boedo emitió un comunicado pidiéndole la renuncia al jugador argento paraguayo.
“Rápidamente activamos el protocolo del club. Primero está el Estatuto. Le solicitamos que renuncie y, si no lo hace, lo vamos a sacar”, sostuvo el el mandatario del San Lorenzo, Marcelo Moretti.
Sin embargo, pese al contexto desfavorable y todas las pruebas en su contra, el exmediocampista se negó a renunciar a su cargo como vocal de la institución y se mantendrá firme en el puesto.
Ortigoza se ampara en la figura de “presunta inocencia” para mantener firme su postura de no renunciar y acusa una “inocultable operación mediática”.
La causa por lesiones agravadas está a cargo de la fiscal Lorena González de la UFI N° 3 de Género. El 27 de agosto allanaron la vivienda familiar del barrio Terralagos ubicado en Canning donde secuestraron dos armas de fuego: una pistola Glock 17 calibre 9 milímetros y una Bersa BP9CC verde, también 9 milímetros.
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