El Servicio Penitenciario Federal (SPF) no logra despejar las dudas acerca de su accionar en la visita que hicieron seis diputados oficialistas a los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza. Una directiva que aportaron sus autoridades a la justicia federal de Lomas de Zamora demuestra que los diputados debieron haber sido sometidos a controles y que los represores debieron haber autorizado el encuentro.
El lunes se cumplirán cuatro meses del cónclave entre legisladores y criminales de lesa humanidad en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza. El escándalo se apagó, pero no se extinguió. Sigue abierta una investigación sobre el rol del SPF, que depende de Patricia Bullrich. Lo que pretende el fiscal Sergio Mola, quien tiene delegada la pesquisa, es saber si el SPF incumplió con las normativas para favorecer el encuentro de Alfredo Astiz y compañía con la comitiva que integraban Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.
Después de varias idas y vueltas, el SPF envió una directiva sobre las visitas que involucran a funcionarios del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial. La resolución fue comunicada el 10 de enero de 2018 a través del Memorando 03/2018 que lleva la firma de Fernando Martínez, entonces director general de Régimen Correccional. Actualmente, Martínez es el director del SPF y aparece en los chats mencionado por Benedit –quien lo califica como un excelente colaborador. Lo mismo que Patricia Bullrich, su jefa.
La directiva dice que los funcionarios deben “acreditar su identidad y exhibir la credencial extendida por la autoridad correspondiente”. La reglamentación añade que “la visita será concedida previa conformidad expresa del interno/a a quien desea visitar, cuya anuencia será documentada y actualizada”. El memorando también especifica que si se tratara de dos o más visitantes “se deberá coordinar con la suficiente antelación no menor a 48 horas el ingreso a través de la Dirección Nacional”.
Hay varios problemas a partir de este documento. Todos los diputados que hablaron en los medios–incluso Benedit– dijeron que no sabían a qué genocidas iban a ver. En tal caso, raramente podrían haber conseguido su anuencia. De hecho, en una entrevista que dio a GPS Comunicación, Benedit –señalado como el organizador del tour libertario– dijo que se reunieron con el Cuerpo Médico del SPF y después los invitaron a reunirse con los criminales de lesa humanidad –a quienes él llama presos por la guerra contra el terrorismo. “Nos ofrecieron que algunos presos querían saludarnos”, declaró.
Arrieta dijo que ella tuvo que googlear a Astiz, por lo que difícilmente haya gestionado el encuentro con el represor que actuaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Bonacci, por su parte, contó que no estuvo sometida a ningún control. “En el ingreso al penal, yo no entregué mi documento personal y no me hicieron una suerte de cacheo. Es decir que yo podría haber entrado con cualquier elemento en mis bolsillos porque a mí nadie me revisó”, dijo la diputada en una entrevista en C5N.
Esta semana, el juzgado federal de Lomas de Zamora –con la firma del juez Juan Pablo Augé– le contestó un oficio al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, en el que daba precisiones sobre la causa. Es posible que Baños se esté preparando para la audiencia que el jueves tendrá que enfrentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los retrocesos en el proceso de memoria, verdad y justicia.
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