La irrupción de un grupo de retirados en el espacio de memoria que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se coló en la audiencia en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó la situación de las políticas de memoria, verdad y justicia en el país. En Washington, un funcionario del Ministerio de Defensa –que conduce Luis Petri– calificó lo sucedido como “conductas que se enmarcan en la libertad de reunión y de expresión”. Sin embargo, no todos comparten esa caracterización. El juez federal Ariel Lijo, a cargo de la megacausa ESMA, les ordenó al Ministerio de Defensa y a la Secretaría de Derechos Humanos que eviten actos que contraríen los principios sobre políticas públicas de memoria.
El 17 de mayo pasado, un grupo de retirados –que estudiaron en la ESMA mientras estaba en pleno funcionamiento el centro clandestino de detención– hizo una recorrida por el predio de Avenida del Libertador. Pasaron por distintos edificios. Gritaron. Cantaron. Se fotografiaron y filmaron videos. Algunos se pararon frente al Skyvan de Prefectura –que fue repatriado el año pasado y que fue usado para tirar a las aguas del Mar Argentino a tres Madres de Plaza de Mayo, a dos monjas francesas y otros siete militantes que solían reunirse en la Iglesia de la Santa Cruz. Todo el episodio fue organizado desde un grupo de Facebook en el que después se registraron distintos posteos en los que hablaban de haber “recuperado” la ESMA. En el canal La Nación+, el hecho fue presentado como un cambio de época.
El episodio causó conmoción. Los sobrevivientes dijeron que se sentían revictimizados por el accionar de este grupo –que, además, había transitado por el campo de concentración en el mismo momento en que ellos estaban secuestrados. Los organismos que integran el directorio del ente que administra el Espacio Memoria y Derechos Humanos pidieron explicaciones a la Secretaría de Derechos Humanos –que tiene su sede en el predio. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reclamó que Petri dijera si había dado el visto bueno para el desembarco.
El ministro de Defensa se terminó zambullendo en la polémica. En la red social X, Petri levantó el guante para lanzar una provocación. “Son argentinos que cantaron la marcha de la Armada en el Día de la Armada rodeando un mástil con la bandera argentina. La Armada que hizo tanto por la independencia y la libertad de nuestra Patria con el Almirante (Guillermo) Brown a la cabeza. Mis felicitaciones a la Armada”, escribió.
No fue el único integrante del gobierno que se decidió a polemizar con el CELS. Guillermo Madero, un funcionario de segunda línea de Defensa, tuiteó:“¿Cantar la marcha de la Armada es reivindicar la dictadura? Sepan bien que, gracias a personas valientes como Luis Petri y millones de argentinos que amamos a nuestra Patria, no podrán destruir nuestras queridas Fuerzas Armadas ni con toda la plata del mundo que reciban de afuera del país?”.
En la audiencia ante la CIDH –que se llevó a cabo el 14 de noviembre pasado en Washington– otro funcionario de Defensa, el secretario de Asuntos Internacionales Juan Battaleme tuvo que explicar el episodio –aunque no fue tan asertivo como Petri. “En cuanto a lo sucedido en el predio de la exESMA, entendemos que el mismo está abierto a la ciudadanía. Entendemos que son conductas que se enmarcan en la libertad de reunión y expresión de quienes las realizan”, dijo mientras remarcaba que “nada tiene que ver el Estado nacional ni el Ministerio de Defensa con lo ocurrido”.
Menos de dos semanas después, el tema tuvo su correlato judicial. En el expediente había una presentación de los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Fernández Brozzi, de la querella de Kaos, en la que se le pedía al juez Lijo que oficiara a Petri para recordarle que todo lo que sucede en la exESMA debe estar regido por la Ley de Sitios de Memoria (26.691). Allí se establece que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de preservar estos lugares para investigaciones judiciales y para conservar la memoria de las violaciones a los derechos humanos allí cometidas.
En esa línea, Lijo envió oficios a Defensa y Derechos Humanos para que “se arbitren los medios necesarios para llevar a cabo acciones y coordinar políticas tendientes a evitar en lo sucesivo la realización de cualquier tipo de manifestación que contraríe los principios sobre políticas públicas de memoria”.
Ni lerdo ni perezoso, el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, le respondió a Lijo diciendo que no entendía a qué tipo de manifestaciones se refería. El juez federal –que es candidato del gobierno a la Corte Suprema– le refrescó la memoria con lo que había sucedido el 17 de mayo pasado en lo que fue el campo de concentración de la ESMA “en una clara actitud de provocación a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.
Para Yanzón, la respuesta del secretario de Derechos Humanos deja en evidencia una línea de conducta. “Baños maltrata a los trabajadores, desactiva las políticas de memoria y su respuesta al juzgado es un reconocimiento de su total prescindencia en lo que ocurre dentro de los espacios de memoria como es la ESMA”, dijo el abogado a este diario.
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